Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'
Una corte federal de apelaciones dictaminó este jueves que el gobierno de Florida puede seguir utilizando de manera temporal el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'.
La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que había ordenado a las autoridades estatales poner fin a las operaciones en el centro.
El 21 de agosto la jueza federal Kathleen Williams ordenó que 'Alligator Alcatraz' no recibiera más detenidos y que algunas partes de las instalaciones sean desmanteladas por violar leyes ambientales, además de que prohibió su ampliación.
Una semana después la misma jueza rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump de pausar su fallo en el que ordenó a los funcionarios cerrar las operaciones en el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz' en Florida.
Los abogados del gobierno habían adelantado que apelarían, argumentando que la decisión de la jueza Williams afectaría la capacidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración.
El estado de Florida declaró esta semana en documentos judiciales que tenía previsto reanudar la admisión de detenidos en el centro si se concedía la suspensión.
Este jueves panel de tres jueces de Atlanta decidió por 2-1 suspender la orden del juez federal a la espera del resultado de una apelación, alegando que era de interés público.
Las demandas en contra del centro de detención para inmigrantes en los Everglades
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee pusieron una demanda contra el centro y pidieron a la jueza Williams que emitiera una orden preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional, que según ellos amenazan los delicados humedales que son el hogar de plantas y animales protegidos, y que revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
El centro se construyó rápidamente hace casi tres meses en un pequeño aeropuerto de entrenamiento con una sola pista, en medio de los Everglades.
Las autoridades estatales firmaron contratos por más de 245 millones de dólares para su construcción y operación, y abrió oficialmente el 1 de julio.
El presidente Donald Trump recorrió el centro días antes de su inaugración y sugirió que podría servir de modelo para futuras cárceles en todo el país, mientras su gobierno acelera la infraestructura necesaria para incrementar las deportaciones.
El gobierno federal alega que no es responsable del centro de detención, ya que no ha gastado ni un céntimo en su construcción o funcionamiento, aunque Florida solicita una subvención federal para financiar una parte del mismo.
Por su parte Florida alega que la declaración de impacto ambiental exigida por la ley federal no se aplica a los estados.
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