Nueva York y 20 estados demandan al gobierno federal por condicionar ayuda a víctimas a políticas migratorias
NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto con fiscales de otros 20 estados, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por condicionar fondos federales destinados a víctimas de delitos a la cooperación con políticas de inmigración.
La demanda, interpuesta el 18 de agosto de 2025, busca impedir que el DOJ imponga requisitos relacionados con inmigración para acceder a los fondos de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), que proporciona más de mil millones de dólares anuales para servicios esenciales a sobrevivientes de delitos.
"El gobierno federal intenta usar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de inmigración", declaró la Fiscal General James.
"Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito".
Según la demanda, el DOJ amenaza con suspender la financiación a cualquier estado que se niegue a otorgar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceso sin restricciones a instalaciones, a notificar fechas de liberación de personas o a cumplir con solicitudes de control migratorio civil.
¿Cuánto podría perder Nueva York?
Nueva York podría perder 212 millones de dólares en fondos que actualmente financian servicios como atención médica, asesoramiento, refugio de emergencia y compensación por salarios perdidos para víctimas de delitos. Estos
fondos también sostienen una red de más de 250 programas comunitarios en todo el estado.
Lo que argumentan en la demanda
Los fiscales generales argumentan que las nuevas condiciones del DOJ violan principios constitucionales fundamentales como la separación de poderes y el federalismo, exceden la autoridad estatutaria del Departamento bajo VOCA, y socavan el poder presupuestario del Congreso.
La coalición demandante incluye a los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
¿Cómo afecta esto a los estados demandantes?
Para 2025, los estados dispondrían de casi 1400 millones de dólares en fondos VOCA, que apoyan aproximadamente a 10 millones de víctimas cada año en todo el país.
Los servicios financiados incluyen programas de defensa, terapia en crisis, exámenes forenses de agresión sexual, gastos funerarios y albergue de emergencia.
La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de Rhode Island y busca que el tribunal anule estas condiciones y garantice que los estados sigan recibiendo los fondos destinados por el Congreso para apoyar a las víctimas de delitos.
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