Una jueza tiene en sus manos frenar el acceso de ICE a ciertos inmigrantes con la ayuda del IRS
El gobierno de Donald Trump y cuatro organizaciones que pidieron bloquear temporalmente un acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Rentas Internas (IRS) presentaron sus argumentos a una jueza de Washington DC y esperan ahora su decisión.
Por un lado, las organizaciones consideran que el trato preliminar violará el estricto Código de Rentas Internas que protege la información personal de los contribuyentes, sobre todo la de inmigrantes indocumentados que están en la mira del gobierno, y que la corte debe frenar su puesta en marcha mientras lo evalúa a fondo.
Por el otro, el Departamento de Justicia (DOJ) afirma que ICE se ceñirá a la ley cuando pida al IRS compartir datos de inmigrantes indocumentados bajo una investigación criminal porque tienen una orden de deportación final o bajo algún otro estatuto criminal no relacionado con los impuestos.
Cualquier decisión de la jueza Dabney Friedrich, quien en abril declinó impedir que los agentes de ICE realicen operaciones en lugares de culto, se conocerá posiblemente después del 5 de mayo. Friedrich dio hasta ese día para que las partes respondan a un pedido de la organización American Oversight para que el tribunal haga públicos algunos documentos clave sellados en ese caso, como por ejemplo el memorando para un acuerdo preliminar entre ICE y el IRS que los abogados del gobierno presentaron con partes tapadas en negro (redacted).
El acuerdo preliminar ha levantado alarmas de expertos.
Millones de inmigrantes indocumentados han pagado por años impuestos al IRS usando un número de identificación personal de contribuyente o ITIN, con la confianza de que sus datos personales, como el lugar donde viven, serán confidenciales. No contar con esa salvaguarda haría que muchos de ellos dejen de presentar sus declaraciones de impuestos, lo que a su vez generaría un hueco de $25,000 millones en impuestos sobre la nómina en 2026, de acuerdo con un análisis del Budget Lab de la Universidad de Yale.
Más allá de lo económico, expertos han dicho que habrá errores cuando se analicen conjuntamente los datos del IRS y ICE que "llevarán a conclusiones incorrectas y sumarán errores administrativos en los esfuerzos de deportación" del gobierno. "No queda claro quién proveerá la supervisión y transparencia necesarias para garantizar que ICE y el IRS están siguiendo prácticas de manejo de información rigurosas", advirtió The Tax Policy Center .
El trato es una pieza del engranaje del intento de “deportaciones masivas” de Trump, que incluye las expulsiones sin el debido proceso de supuestos pandilleros a El Salvador bajo una ley aprobada en el siglo XVIII para tiempos de guerra, órdenes —por ahora frenadas en los tribunales— y trasladar a un archivo de personas muertas los números de Seguro Social de inmigrantes que siguen vivos para forzarlos a irse del país.
En medio de la rápida y agresiva ofensiva ha habido errores como los que The Tax Policy Center teme se den con la potencial puesta en vigor del acuerdo entre ICE y el IRS.
Un abogado del gobierno admitió ante una corte que por "error" fue deportado a El Salvador Kilmar Ábrego García, una expulsión que Trump y sus funcionarios migratorios de peso defienden con firmeza, pero que expertos en Derecho consideran se saltó el debido proceso. El gobierno no ha "facilitado" su regreso a Estados Unidos incluso cuando así lo pidió la Corte Suprema.
¿A quiénes buscará ICE con la ayuda del IRS?
Este es uno de los puntos clave. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampara las investigaciones criminales de su acuerdo preliminar con el IRS en la Sección 1253 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que se refiere a las "penalidades relacionadas con remociones" de inmigrantes con una orden final de deportación del país.
Sin embargo, bajo el acuerdo también podrá solicitar la información de inmigrantes que estén siendo investigados criminalmente por otros estatutos no relacionados con los impuestos.
La defensa de los demandantes —Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity DuPage, Somos Un Pueblo Unidos e Inclusive Action for the City— consideró que eso representa un riesgo porque, el lenguaje del memorando supone que los inmigrantes indocumentados no tienen que haber "cometido un crimen" para estar "bajo una investigación criminal".
"Bajo el memorando de entendimiento (MOU), estar 'bajo una investigación criminal' es una designación que DHS puede otorgar a cualquier individuo", dijeron los abogados en un documento judicial.
"El memorando establece que DHS 'ha identificado a numerosos no ciudadanos presentes ilegalmente en Estados Unidos con una orden final' de remoción (...) pero no limita la transferencia de información de los contribuyentes solo a individuos que estén siendo investigados por violar la Sección 1253 del Título 8", agregaron a la corte.
Los abogados consideraron que, como el memorando abre la puerta a compartir la información de cualquier inmigrante, DHS puede simplemente catalogarlos como "bajo una investigación criminal" para que el IRS le provea su información, "sin sustentar adecuadamente esa alegación".
Los abogados del DOJ, por su parte, consideraron que los demandantes están "especulando" que eso ocurrirá y que "no pudieron presentar alguna acción específica del gobierno que les vaya a dañar".
"El IRS no ha recibido solicitud alguna de ICE y no ha revelado alguna información de una declaración de impuestos bajo el memorando", agregaron en otro documento judicial.
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