Kamala Harris llama "activista" a la Corte Suprema y John Roberts advierte que esas críticas tienen consecuencias

El pasado domingo 4 de septiembre, durante una entrevista en un programa de opinión, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó abiertamente a la Corte Suprema de Justicia por el fallo que en junion anuló la protección constitucional al derecho al aborto.

Harris dijo en el programa 'Meet the Press' que el fallo con el que se revocó medio siglo de vigencia de la decisión conocida como Roe vs. Wae le había causado una “gran preocupación” y tildó la actual corte de mayoría conservadora como “activista”.

“Teníamos un derecho establecido desde hace casi medio siglo, que es el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo como una extensión de lo que hemos decidido ser, el derecho a la privacidad que tienen todas las personas. Y esta corte nos quitó ese derecho constitucional, y estamos sufriendo como nación a causa de ello", añadió la vicepresidenta.

John Roberts, el magistrado jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, no pasó por alto las declaraciones de Harris.

Ante una audiencia de jueces y abogados reunidos en una conferencia en Colorado Springs, Roberts reconoció el derecho del público de criticar las decisiones de la corte, pero dijo que el desacuerdo con dichas decisiones “no constituyen una base para cuestionar la legitimidad de la corte”.

La soledad de John Roberts y su defensa de la institución

El actual magistrado jefe del Alto Tribunal es un jurista de clara tendencia conservadora de larga trayectoria, que ejerce su cargo desde que en 2005 el entonces presidente George Bush lo postulara.

En 2003 había sido nominado por el mismo presidente Bush como juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en 2003. Antes, había sido consejero legal asociado de la presidencia bajo el republicano Ronald Reagan, y como procurador general principal adjunto de Estados Unidos en tiempos de George H. W. Bush.

Roberts se ha destacado en sus casi 17 años como magistrado jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, por su apego a la institucionalidad y a los precedentes legales establecidos por la corte como elementos esenciales de su legitimidad.

Desde que el Senado confirmó su nominación para sustituir al fallecido William Rehnquist en septiembre de 2005, Roberts se convirtió en uno de los votos péndulo en la corte, manteniendo el equilibrio entre las tendencias políticas en juego.

Su voto para salvar la constitucionalidad de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare, en junio de 2012 por ejemplo, le costó fuertes críticas de parte de sus colegas conservadores y políticos del Partido Republicano.

Pero Roberts también ha votado a favor de decisiones muy criticadas en círculos liberales como por ejemplo la decisión Citizens United v. FEC, que prohibió al gobierno restringir el flujo de dinero de corporaciones en campañas políticas.

En el caso de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, Roberts escribió una opinión disidente en la que dijo que la anulación del derecho constitucional al aborto era una “sacudida grave al sistema judicial”.

Él buscaba reafirmar la prohibición en el estado de Mississippi de abortar después de 15 semanas de embarazo, el centro del caso, pero reafirmando el derecho constitucional al aborto establecido en Roe v. Wade.

Pero desde el reemplazo de la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg por Amy Connie Barrett se creó una súper mayoría conservadora que escapa de su control y que no necesita de él para tomar sus decisiones.

Decisiones con tinte político

La objeción de la vicepresidente y de quienes cuestionan la decisión Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, radica no solo en que acabó con un derecho protegido constitucionalmente, sino que también en que tomó el inusual paso de anular un precedente de casi medio siglo reafirmado por 11 decisiones subsiguientes, entre ellas Planned Parenthood v. Casey de 1992, que reafirmó a Roe v. Wade como una "determinación esencial".

La importancia del precedente judicial es algo a lo que los magistrados suelen otorgar mucho peso a la hora de dar sus fallos.

Durante las audiencias en el Comité Judicial del Senado para su confirmación en 2018, el hoy magistrado Brett Kavanaugh, dijo que Roe v. Wade era un “precedente sentado de la Corte Suprema, que debía ser respetado” y que “uno de sus aspectos más importantes era que había sido reafirmada a lo largo de los últimos 45 años”. Sin embargo, Kavanaugh votó a favor de anular ese precedente, dándole un inevitable tinte político a la decisión.

Respuestas similares se escucharon los últimos 50 años por parte de quienes eran propuestos para integrar el alto tribunal, con algunos argumentando que no era prudente declarar públicamente y adelantar opinón sobre un tema hipotético que eventualmente podría llegar a su consideración.

Aparte de dar fin al derecho constitucional al aborto, este año la corte restringió el poder de los estados para regular el porte de armas de fuego en público y limitó el poder de las agencias federales para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

Son decisiones controversiales en un año en el que ha habido un número sin precedentes de tiroteos masivos y con la amenaza del cambio climático más presente que antes. Para algunos muestran una desconexión entre la Corte Suprema y la opinión pública, aunque siempre se ha dicho que las decisiones de los magistrados no están marcadas por el "ambiente de la calle".

Sin embargo, algunos críticos de la corte de mayoría conservadora aseguran que esta tiene una marcada influencia partidista que afecta la integridad del tribunal.

En un artículo publicado en The New York Review of Books en ocasión de la decisión Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, el abogado constitucionalista Lawrence Tribe, profesor emérito de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, asegura que el accionar de la bancada conservadora del tribunal es: “Arrogante e indiferente a las consecuencias humanas y ambientales de la jurisprudencia que impone tan despiadadamente para poner el mundo patas arriba, y aparentemente insensible a la erosión del respeto público por sus juicios e integridad”.

Cae la aprobación de la Corte Suprema

Las críticas de la vicepresidenta Harris no es la única preocupación Roberts en relación a la imagen de la corte.

Una encuesta nacional de Marquette Law School Poll publicada a finales de julio, tras la decisión Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, determinó que la aprobación de la Corte Suprema cayó a un nivel histórico del 38%, y que el 61% del público desaprueba como lleva adelante su trabajo.

Se trata de una caída estrepitosa respecto a los niveles de aprobación del 2021, cuando contaba con un índice de aprobación del 60%.

El propósito de la Corte Suprema de Estados Unidos, la más alta corte en el país, es la de revisar la constitucionalidad de decisiones judiciales que invocan leyes federales, así como de estas mismas leyes federales y decisiones presidenciales.

Y aunque la corte no depende de los vaivenes del ánimo popular, ni depende directamente del voto de los ciudadanos, Roberts parece estar consciente de que la integridad e imagen pública del alto tribunal son importantes.

Sin embargo, y más allá de la justicia de las críticas que generan los fallos que adopta, Roberts nunca podrá protegerla de la manera cómo sectores de la polarizada sociedad estadounidense interpreten los hechos que generan las críticas que le hacen a un tribunal que perciben como politizado.