Un juez permite pasar un "retiro espiritual" en México a una de las acusadas por el asalto al Capitolio

Un juez ha concedido permiso para viajar a México a Jenny Cudd, la dueña de una florería en Texas que participó en el asalto al Capitolio del 6 de enero y quien presumió en sus redes haber irrumpido a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Cudd, quien enfrenta delitos por invasión a propiedad federal y obstrucción al desempeño de las autoridades, sostiene al día de hoy que “no hizo nada malo” y justificó que debía viajar a México por haber comprado el viaje “con anterioridad”.

Cudd está en libertad bajo fianza tras haber sido detenida a mediados de enero por haber formado parte de la turba de simpatizantes de Donald Trump que irrumpieron con violencia la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos, bajo arengas y amenazas de muerte contra congresistas y que causaron el fallecimiento de cinco personas, entre ellas el policía Brian Sicknick, de 42 años.

Sus abogados presentaron la petición al juez bajo el argumento de que el retiro de los empleados de la floristería propiedad de Cudd sería un tiempo de “retiro espiritual” para la mujer y sus empleados. Argumentaron que la mujer, que poco antes de su arresto dijo a la cadena local NewsWest9 que no se arrepentía de lo que había hecho y que “por supuesto que lo haría de nuevo”, ha cumplido con sus citas con el tribunal desde que obtuvo la libertad bajo fianza.

El juez Trevor N. McFadden, del Distrito de Columbia, ha fallado que Cudd “no supone un riesgo para los demás” y por ello ha decidido permitirle pasar su “retiro espiritual”, que sus abogados también han calificado como “viaje de trabajo”, en el Caribe mexicano.

Días antes de su detención, el pasado 13 de enero, Cudd aseguraba que “la prensa exageraba” el daño causado por la muchedumbr, aun cuando la violencia desatada causó cinco muertes, que legisladores tuvieran que pasar horas confinados por miedo a la turba y que la capital del país se sometiera a un toque de queda. El policía muerto defendiendo el edificio, Brian Sicknick, falleció después de que varias personas lo golpearan en la cabeza con un extinguidor.

Jenny Cudd quería ser alcaldesa de Midland, Texas, hace apenas dos años. Además del video que se tomó en la oficina de Pelosi, subió varias fotografías e incluso se jactó de que algunas “saldrían en Fox News”.

“No hice nada ilegal”, sostenía Cudd poco antes de su arresto, el 13 de enero. El asunto es que sí es ilegal. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indica que la ley castiga a quienes dañen la propiedad federal, como es el caso del Capitolio.

Un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional condena específicamente la violencia contra los encargados de cumplir la ley, en este caso los legisladores. “Hemos visto a algunos simpatizantes del presidente [Donald Trump] usar la violencia como un medio para conseguir sus objetivos políticos”, sostiene un comunicado firmado por el extitular del DHS, Chad Wolf.

Varias de las publicaciones de Cudd alusivas a los hechos, su simpatía por Donald Trump, su convicción de no haber cometido crimen alguno y su orgullo por irrumpir en un edificio federal han sido removidas de Facebook por mostrar contenido que incitaba a la violencia, de acuerdo con el reglamento interno de la red social.

Cudd es una de las más de 140 personas que han sido arrestadas por participar en el asalto al Capitolio, que tenía por objetivo interrumpir la certificación de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, convencidos de las arengas de Donald Trump de que un supuesto “fraude” del que no ha mostrado prueba alguna había sido cometido. El propio Trump enfrenta su segundo juicio político, el cuarto en la historia de Estados Unidos, por incitar a la insurrección.

El presidente Joe Biden derrotó a Trump en las elecciones de 3 de noviembre por un 6% de diferencia (más de siete millones de votos), la más amplia en 12 años, y obtuvo 306 votos en el Colegio Electoral, por encima de los 270 necesarios para ser presidente de Estados Unidos. Todos los recursos legales puestos por el expresidente fueron rechazados por decenas de tribunales, entre ellos la Corte Suprema, por falta de pruebas.