Es tiempo de que el presidente López Obrador acabe con la crisis de libertad de prensa en México

El 31 de marzo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dedicó una buena parte de su diaria conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México a atacar a la oficina en México de la organización Artículo 19, la cual se dedica a la defensa y la promoción de la libertad de expresión. Dicha organización proporcionó información al Departamento del Estado de los Estados Unidos sobre la libertad de prensa, incluyendo críticas hacia la directora de Notimex, la agencia de noticias estatal mexicana. En su respuesta, el presidente acusó a Artículo 19 de ser parte de un ‘movimiento conservador’ y criticó sus finanzas.

Ojalá el presidente hubiera dedicado la misma cantidad de tiempo a Jorge Molontzín, un reportero que desapareció dos semanas antes en el estado norteño de Sonora, o a los por lo menos diez periodistas que, según investigaciones del Comité para la Protección de Periodistas, han sido asesinados directamente por su labor en México desde que López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre del 2018

Lamentablemente, López Obrador aún no ha empezado a cumplir su promesa de proteger la libertad de prensa y buscar justicia para todos los periodistas mexicanos que han sido víctimas de violencia. Al contrario; el presidente parece más interesado en atacar medios críticos que en resolver la catastrófica crisis de libertad de prensa en el país. Es tiempo que el gobierno de López Obrador empiece a tomar en serio el problema.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa [3 de mayo], México tiene poco que celebrar. El país sigue siendo el más mortífero en el Hemisferio Occidental para periodistas, según investigaciones del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Al menos 57 reporteros mexicanos han sido asesinados en relación directa con su labor desde el 1992. Con 15, el país también tiene el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo.

La impunidad sigue siendo el principal factor que incentiva la violencia letal contra la prensa mexicana. El país ocupa el abismal sexto lugar en el más reciente Índice Global de Impunidad del CPJ, sólo por debajo de países que son zonas de guerra abierta. Aunque se hayan realizado algunas detenciones en casos recientes de asesinados y varias personas han sido, la gran mayoría de los asesinatos quedan impunes.

Aunado a esto, la violencia letal contra los periodistas es tan común que rara vez ocupa los titulares en los medios. No pasa ni una sola semana en la que periodistas no reporten amenazas o intimidaciones, robo de equipo por autoridades, ataques por multitudes durante protestas o en mitines políticos y ciberataques.

Muchos de los peores crímenes contra la prensa mexicana son cometidos por grupos criminales, pero la delincuencia organizada no nos cuenta toda la historia. Agentes del estado como la policía y oficiales electos son algunos de los peores perpetradores. El 9 de noviembre del año pasado, por ejemplo, al menos dos periodistas recibieron heridas de bala cuando policías en Cancún usaron munición real para dispersar una multitud.

La violencia contra la prensa Mexicana no es un problema que empezó con el gobierno de López Obrador. El número de asesinatos de reporteros empezó a aumentar y luego escalar durante las gestiones de sus predecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes han sido acusados a menudo de persecución de periodistas críticos.

El actual gobierno federal mexicano no es inconsciente del papel del estado de la violencia contra la prensa y que ha heredado una cultura de miedo y violencia de sus predecesores. En noviembre del año pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió que el 95% de todos los crímenes contra la prensa quedan impunes.

No obstante, el gobierno de López Obrador hizo muy poco para atender la crisis de la libertad de prensa mexicana. Es más, en muchos sentidos la hizo peor.

México ha creado varias instituciones durante la última década, ostentosamente con el fin de hacer el país más seguro para la prensa. Entre ellas está el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y una Procuradoría Especial para Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Ambas instituciones sufren de falta de personal, capacitación y suficiente financiamiento. El gobierno de López Obrador no ha dado pasos significativos para fortalecer esas agencias, aunque más de 300 reporteros dependen del Mecanismo para su protección.

Y mientras esa inacción de por sí no mejora la crisis de la libertad de prensa, la hostilidad abierta por parte del presidente hacia medios informativos críticos, periodistas y organizaciones dedicadas a los derechos humanos como Artícuo 19 añadieron una nueva dimensión.

Durante los ya más de dos años de su gestion, López Obrador ha señalado a reporteros y medios de comunicación críticos de su gobierno durante su conferencia diaria de prensa matutina, comunmente conocida como 'la mañanera'. Numerosos periodistas y medios han sido señalados como ‘conservadores’, ‘neoliberales’ y ‘fifí’, significando elitistas. Dicha hostilidad hacia medios críticos tiene consecuencias. En mayo del año pasado, Reforma, uno de los blancos favoritos del presidente, reportó haber recibido una amenaza de bomba de un sujeto que dijo ser simpatizante del presidente.

Todo esto es lo que los medios mexicanos, periodistas y grupos de libertad de prensa esperaban cuando López Obrador asumió la presidencia en el 2018. En aquel entonces, dijo que no iba a permitir más asesinatos de periodistas ni censura de medios críticos. Ha fracasado rotundamente en ambas promesas.

Sin embargo, aun no es demasiado tarde para él y su gobierno para actuar. Su administración puede invertir en el fortalecimiento de las instituciones creadas para proteger reporteros y combatir la impunidad en crímenes contra la prensa. Puede ejercer presión para que los gobiernos estatales hagan lo mismo. Sin embargo, López Obrador debe parar sus constantes, implacables, ataques a medios críticos y grupos de la sociedad civil y reconocer que el periodismo crítico no es un adversario, sino una parte integral del proyecto democrático de su país.

Es tiempo de que el gobierno de López Obrador asuma su responsabilidad y acabe con la crisis de la libertad de prensa en México. Todavía le queda más de la mitad de su gestión, y puede pasar a la historia como el hombre que hizo México más seguro y libre para la prensa, o puede terminar siendo otro presidente durante cuyo gobierno México continuó siendo el país más violento para periodistas en el Hemisferio Occidental.

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