null: nullpx
Logo image
Colombia

"Están disparándonos a los ojos": Las víctimas y los abogados denuncian las tácticas de la policía en las protestas de Colombia

Los protocolos de las Naciones Unidas dictan que las municiones no letales deben apuntarse a las extremidades inferiores del cuerpo, no a la cabeza ni a los órganos vitales. Abogados de derechos humanos en Colombia sostienen que apuntar a los ojos de los manifestantes es una estrategia deliberada de la policía.
18 Jul 2021 – 02:01 PM EDT
Comparte
Cargando Video...

Dilan Yesid Suárez soñaba con formar un equipo de fútbol americano en su comunidad de Usme, en las afueras de Bogotá. Una rareza en este país enloquecido por el fútbol, el jóven de 21 años pasó tres años jugando a este deporte en Chile antes de volver a su Colombia natal en 2019, donde esperaba transmitir su pasión por el pasatiempo americano.

Ese sueño terminó el 9 de junio cuando miembros del ESMAD, la unidad de control de disturbios de la Policía Nacional de Colombia, presuntamente dispararon una bala de goma a Suárez, quitándole el ojo derecho y dejándolo permanentemente cicatrizado.


“Es difícil vivir sin un ojo. Es como saber que no se puede hacer nada más, es una impotencia, es un sentimiento vacío”, dijo Suárez, con un corte ennegrecido que recorre lo que era su ojo. La herida dejó a Suárez con 13 fracturas en la cara, lo que precisó múltiples cirugías para reparar en lo posible el daño causado.

Obrero de profesión, Suárez es delgado, tranquilo y de fácil sonrisa. Pero a los ojos del gobierno, él – junto con miles de otros que salieron a las calles por todo el país en protestas que empezaron en abril – es un vándalo y un terrorista apoyado por la oposición política y la antigua guerrilla izquierdista.

Las protestas empezaron el 28 de abril en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el gobierno derechista del presidente Iván Duque. La medida fue ámpliamente vista como una tentativa de poner la carga de la recuperación económica post-pandémica sobre las espaldas de los pobres y la clase obrera de uno de los países más desiguales de América Latina. La economía de Colombia, como muchas de la región, recibió un gran golpe de la pandemia del covid-19, dejando a millones de personas enfrentándose a la pobreza y al hambre extremas.

Mientras que la reforma tributaria fue revocada rápidamente, una huelga nacional, o paro, pronto se convirtió en un movimiento masivo, conocido aquí como la Resistencia, integrada principalmente por gente de las comunidades pobres y marginalizadas, incluyendo personas afrodescendientes, indígenas y jóvenes.

La unión de estos grupos, por lo demás tan dispares – lo nunca visto en Colombia, dicen los expertos – está siendo alimentada por una demanda compartida por las necesidades básicas, incluyendo mejor atención médica y el acceso a la educación y a empleos, cosas que muchos de aquí sienten que se les han negado.

“Los izquierdistas tradicionales llevan mucho tiempo reclamando el cambio social en Latinoamérica, pero el resultado ha sido el intercambio de un conjunto de élites por otro, perpetuando una ideología de exclusión”, explicó Álex Sierra, antropólogo y residente de Bogotá, que ha seguido de cerca las protestas desde que comenzaron a estallar. “Estos jóvenes están reclamando un nuevo tipo de movimiento, la representación directa”.

“Había mucha sangre”, recordó Suárez de la noche que fue atacado. Según lo cuenta él, iba del trabajo en camino a casa cuando se encontró con manifestantes que protestaban cerca de su vecindad, una de muchos distritos de clase obrera que rodean Bogotá. La policía disparaba gas lacrimógeno y granadas aturdidoras a la muchedumbre, recuerda. Cuando Suárez intentó cruzar la calle, hizo contacto visual con un policía del ESMAD.

“Estaba aproximadamente a 6 metros cuando me apuntó con su pistola y me disparó. Apuntaba a mi cara”.

Los protocolos de las Naciones Unidas dictan que las municiones no letales deben apuntarse a las extremidades inferiores del cuerpo, no a la cabeza ni a los órganos vitales. Abogados de derechos humanos en Colombia sostienen que apuntar a los ojos de los manifestantes es una estrategia deliberada de la policía.

Ruben Dario Acosta Ortiz es abogado y director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, o Cesjul, organización que proporciona ayuda legal a comunidades locales por toda Colombia. En respuesta a la detención de manifestantes, Acosta formó una red nacional de abogados llamada Primera Línea Jurídica. El nombre viene de los grupos de jóvenes organizados conocidos como La Primera Línea, que se han convertido en la columna vertebral del movimiento, bloqueando vecindades enteras en grandes zonas urbanas al exigir sus demandas mientras se enfrentan a la policía.

Con unos 3,000 abogados y subiendo, Primera Línea Jurídica proporciona ayuda legal gratis a los manifestantes detenidos así como a las víctimas de la violencia policial, que Acosta describió como sistemática y diseñada para intimidar.

“ESMAD usa una estrategia que por una parte es menos letal pero está destinada a silenciar las manifestaciones,” dijo Acosta, añadiendo que las manifestaciones, que estuvieron en pausa desde finales de junio, han sido en gran parte eventos pacíficos, “casi como celebraciones culturales, con arte y música”, hasta la llegada de la policía (y de los militares en algunos casos). “Que es cuando se extendió la violencia”, observó.

Citando una decisión de la Corte Suprema de Colombia que prohíbe a la policía usar la munición real contra los manifestantes, Acosta dice que la policía ha empleado en su lugar balas de goma no letales y bombas de gas lacrimógeno. Pero, añadió, “incluso una almohada se puede usar para sofocar a alguien. Todo depende de cómo se use”.

Según Acosta, el caso de Suárez es un ejemplo de cómo la policía apunta deliberadamente a los ojos de los manifestantes . Un informe del 7 de julio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el estado ha abierto 11 investigaciones sobre tales casos, aunque los grupos de derechos humanos cuentan 82 incidentes separados de lesiones en los ojos de los manifestantes como resultado de las acciones del ESMAD y que puede haber como hasta 200 desde que comenzaron las protestas.


“Estos ataques son sistemáticos… y son simbólicos. El mensaje que envían es que cuando los jóvenes abren los ojos, se los tiene que sacar”, dijo Acosta.

La policía de Chile empleó tácticas similares durante las protestas allí en 2019 cuando grupos de derechos humanos documentaron por lo menos 285 casos de trauma severo ocular infligido por la policía. Acosta y otros creen que Colombia ha extraído una página del libro de tácticas de Chile. También señalan al papel de Estados Unidos, que es un proveedor clave de capacitación a la policía colombiana.

En un tuit publicado el 29 de junio, Duque respondió al creciente clamor acerca de las posibles violaciones de derechos humanos por el ESMAD, expresando apoyo a la policía de Colombia mientras que se comprometía a investigar el uso de fuerza excesiva entre sus filas. “Con respecto a las acciones de miembros de la Policía colombiana que se excedieron en el uso de fuerza”, dijo, el estado “inició inmediatamente una investigación formal”.

En el caso de Suárez, los abogados del gobierno sostienen que estuvo entre un grupo de manifestantes lanzando piedras a la policía, y que posiblemente sufrió sus heridas a causa de una de estas. Sin embargo, las grabaciones en las redes sociales tomadas durante el incidente en cuestión, muestran a los manifestantes huyendo mientras el ESMAD dispara a la muchedumbre. “La cara, la cara, le dispararon a la cara a un manifestante”, se puede oír una voz desde detrás de la cámara.

Helen Marmolejo Sarmiento es enfermera y miembro del grupo de ayuda humanitaria 21N. En pleno auge de las manifestaciones, ella y otros miembros viajaban a los sitios de las manifestaciones por Cali para dar apoyo médico. “Vimos heridas oculares frecuentes, así como traumas en la cabeza de las granadas aturdidoras”. Sarmiento también dijo que su equipo ha tratado a víctimas de agresiones sexuales y a personas sufriendo de problemas respiratorios a causa del gas lacrimógeno, “incluyendo a bebés, gente mayor y mujeres embarazadas”.

La oficina del Procurador General de Colombia, entre tanto, sitúa en 24 el número de muertos a causa de las manifestaciones, incluyendo a dos policías. Los grupos de derechos humanos dicen que el número es un monumental recuento deficiente, citando 76 muertes, con cientos más de heridos y desaparecidos desde abril.

Uno de los asesinados era Christian David Castillo de 26 años. Aguantando las lágrimas, su padre, Eduar Castillo, describió a Christian como bondadoso y querido por sus amigos. Dijo que su hijo ayudó a llevar el negocio familiar, una ferretería en Bogotá, pero como muchos jóvenes de Colombia, se enfrentaba a obstáculos casi insuperables cuando se trataba de salir adelante en la vida.

“Las universidades privadas aquí están fuera de nuestro alcance, y conseguir entrar en la universidad pública es casi imposible”, dijo Castillo. “Los jóvenes de a pie aquí en Colombia no tienen oportunidades”.

El desempleo de la gente entre los 18 y los 24 subió al 24% el año pasado, mientras la inscripción universitaria entre los más pobres del país está en el 25%, comparado con el 63% para todos los estudiantes de familias más pudientes.

Castillo, que aún tiene dos hijas más, recuerda la noche que murió su hijo. “Fue a unirse a una de las marchas. Le llamé para que viniera a casa pero nunca contestó. A la mañana siguiente, vi que no estaba en su cuarto, así que fui al lugar de la marcha. Sus amigos me dijeron que le habían disparado”.

Castillo dijo que poco después se reunió con los fiscales, que desestimaron la muerte de su hijo calificándola como accidente. Se contaron reportes similares en casi una docena de entrevistas para este artículo con padres de jóvenes asesinados durante las protestas en Bogotá y en Cali, donde estallaron las primeras protestas después de que un grupo de activistas indígenas derribara una estatua de Sebastián Belalcázar, un conquistador español.

“La policía aquí son agentes violentos”, dijo Castillo entre sollozos. “No quiero que otro jóven muera de esta manera. Mi mensaje a las madres y los padres de este país es que no sean apáticos. Este podría ser su hijo o hija”.


En Bogotá, el 28 de junio, un motociclista de 27 años atravesó sin darse cuenta un cable que Primera Línea había extendido de un lado al otro de la calle como uno de varios bloqueos levantados en la ciudad. El trágico accidente se llevó la vida del motociclista separando su cabeza del resto de su cuerpo. Las autoridades del gobierno dictaminaron que fue homicidio.

Para los colombianos, ya divididos con respecto a las manifestaciones, el accidente erosionó aún más el apoyo para los manifestantes. Pero los miembros de Primera Línea dicen que están decididos a seguir adelante.

“Antes de las protestas pasaba días sin comer”, gritó un joven afrocolombiano en Cali durante una reunión de jóvenes y representantes de Primera Línea que han estado negociando con el gobierno en su favor. “Desde las protestas, ahora tengo comida para comer”.

La reunión se está llevando a cabo en una intersección bloqueada de la Avenida Simon Bolivar, la arteria principal de Cali que conecta las secciones norte y sur de la ciudad. Actualmente la intersección se conoce como Puerta Resistencia. Cerca, otra vecindad que antes se conocía como Calypso, sede de una población mayoritariamente afrocolombiana desplazada por años de violencia, ha sido rebautizada Apocalypso por los manifestantes.

Entre los escombros y huellas de protestas recientes hay una cocina comunal, formada de ladrillo y lona, junto con una biblioteca, una pequeña huerta comunitaria – llamada Huerta Abril – con cebollas y otros comestibles, y un búnker en caso de más agresión policial. Arriba, un helicóptero policial zumbaba al pasar, su reflector perforando el cielo nocturno.

En entrevistas con miembros de Primera Línea, algunos con solo 15 años, la mayoría insisten en que están comprometidos con una resistencia pacífica, por el momento. Sin embargo, al señalar una historia de décadas de conflicto armado, varios contemplan la posibilidad de tomar armas como los combatientes guerrilleros izquierdistas de las FARC hicieron en su día si se ignoran sus demandas.

Reflexionando sobre el futuro del movimiento, Sierra, antropólogo, expresa sentimientos contradictorios. “No creo que el movimiento tenga éxito. La respuesta [del estado] es demasiado organizada, demasiados años de experiencia con la represión. Pero estos jóvenes cada vez tienen más conciencia, están hablando entre ellos. Es una educación desde la calle. Es bueno”.

Detrás de unos lentes oscuros, Suárez describe su tiempo en el hospital. El sistema social de Colombia clasifica a los residentes según sus ingresos. Hay 6 estratos, el número uno es el más bajo.

“Yo soy del estrato uno”, dijo Suárez, una designación que le da el derecho de atención médica subvencionada por el estado de Colombia, que se conoce como SISBEN, disponible a los que están en el último estrato de la escala de ingresos. Pero Suárez dijo que su familia ha contraído grandes costos médicos por las rondas de cirugía y otros cuidados que recibió desde esa noche en la marcha.

Más preocupante fueron las visitas de la policía mientras estuvo hospitalizado. Suárez dijo que los policías fueron a hacer preguntas acerca de con quién había hablado, diciéndole que no tenía que conseguir un abogado ni tomar acción. “Nos están intimidando”, insistió.


Mientras el gobierno de Duque anunciaba los pasos para reformar las fuerzas policiales, muchos aquí esperan que las tensiones sigan hasta las elecciones presidenciales de mayo, o posiblemente después de ellas, estallando de vez en cuando al mantenerse los manifestantes en sus demandas.

“Me gustaría que pararan esta agresión”, dijo Suárez, “que dejen de atacar a los jóvenes, que dejen de hacernos este daño”.

Este artículo fue publicado en colaboración de The Marshall Project.

Loading
Cargando galería
Comparte
RELACIONADOS:Colombia

Más contenido de tu interés