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Jhesica: 20 años, 25 puñaladas e impunidad, la violencia machista no para en Bolivia

La familia de Jhesica Nina, una joven de 20 años apuñalada hasta la muerte supuestamente por su expareja, pide justicia y que el caso sea tratado como un feminicidio. Pero en Bolivia, el país con más altos índices de este delito en Sudamérica, muchos de estos crímenes quedan en la impunidad como advierten ONGs locales y organismos internacionales.
2 Mar 2019 – 02:44 PM EST
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Cristina Flores y su esposo, Francisco Nina, buscan justicia para que se reconozca el asesinato de su hija como un feminicidio. Crédito: Javier Aliaga

LA PAZ, Bolivia. - Las primeras horas de 2019 fueron las últimas de Jhesica Nina, una joven boliviana de 20 años que murió apuñalada el 1 de enero y cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas en un sendero del bosquecillo de Achocalla, un pequeño municipio aledaño a la ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia.

La Policía levantó el cadáver a las 09:20 horas de ese día, estableció que la muerte ocurrió entre cuatro y seis horas antes y trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital de Clínicas, donde la forense Margot Torrez hizo la autopsia y reportó "un total de 25 heridas corto punzantes". Las perforaciones en el pulmón y el riñón izquierdos, la caja torácica y el cuello causaron la muerte de la joven, según reveló después la autopsia.

Al día siguiente, la Policía detuvo a José Luis Gutiérrez, de 21 años, tras la denuncia de los padres de Jhesica, Francisco Nina y Cristina Flores, de que el joven era sospechoso porque fueron concubinos y se habían separado tres meses antes, pero él quería reanudar la relación.

"Yo pido justicia, que vaya a la cárcel, yo quiero que esté más de 30 años. Aunque esté 50 años a mi hija no me va a devolver. Ella tenía un futuro, estaba en la universidad", declaró a Univision Noticias con angustia la madre de la víctima Cristina, que es una indígena aimara.

La familia de Jhesica teme que no se haga justicia a su muerte con el castigo al supuesto responsable, en un país donde ONU Mujeres ha alertado de altos índices de impunidad en delitos de violencia de género.

Según el informe policial, la expareja de Jhesica admitió su culpa ante los agentes cuando fue capturado, pero esa autoinculpación no es válida para el proceso porque no fue hecha en presencia de sus abogados. Después, frente a un juez, él hizo uso de su derecho al silencio.

La fiscalía lo imputó por feminicidio, un crimen que está penado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero la defensa del acusado trata de negar la existencia de una relación sentimental previa, con el objetivo de que el asesinato sea tratado como un homicidio, algo que reduciría la pena a entre 5 y 20 años.

"Mi hija contó que era amenazada y golpeada"

Los padres de Jhesica cuentan que en 2016 aceptaron que su hija conviviera con José Luis pese a que ese año se iban a graduar como bachilleres del colegio de Achocalla. Los chicos primero vivieron en casa de los padres de José Luis y luego en la de Jhesica.


Esa es la versión que defienden Cristina y Francisco y la cuentan con detalles citando fechas, mediaciones y circunstancias conflictivas de la relación. Por eso, les ha sorprendido que la defensa de José Luis haya señalado en una audiencia que no se ha podido probar la convivencia.

“Mi hija contó que era amenazada, golpeada y (José Luis) quería relaciones forzosas. Cosa que mi hija no quería. El objetivo de mi hija era seguir estudiando y no tener hijos muy pronto”, recordó Francisco sobre una de las reuniones con los padres del muchacho para buscar una solución a los problemas de la joven pareja.

Desde la denuncia inicial, el crimen de Jhesica fue tratado por la Policía y la Fiscalía de El Alto, donde está el caso, como producto de la violencia machista y feminicida.

La fiscal del caso, Lourdes del Pilar Díaz, le dijo a Univision Noticias que la Fiscalía, al margen de la actuación de las partes, tiene la obligación de avanzar con objetividad en la investigación de los elementos probatorios frente a un delito de orden público como el feminicidio.

Una de las primeras acciones sin resultados fue la búsqueda por buzos de la naval del “arma blanca” del crimen durante dos semanas en una laguna de Achocalla, según la fiscal. La fiscalía tiene un plazo de seis meses para plantear la acusación para el juicio.

De su parte, la abogada de la familia de la víctima, Frida Choque, dijo: "Queremos demostrar que realmente ha habido saña para ir contra la vida de una mujer que no ha sido obediente como él (José Luis) quería para retornar a formar nuevamente una relación concubinaria".

Al contrario, la abogada de Gutiérrez, Mónica Irusta, señaló que “nunca ha podido probar la fiscalía que ha habido un vínculo de concubinato, jurídicamente hablando” porque para que exista un feminicidio tenía que haber noviazgo, concubinato o una relación de dependencia.

La abogada Irusta defiende la presunción de inocencia para su defendido y cuestiona el hecho, según dijo, de que los casos de mujeres muertas en Bolivia, sea cual sea la circunstancia, sean tratados como feminicidios activando los órganos especiales de la Policía y la Fiscalía, en lugar de que sean investigados primero como homicidios.

El día que Jhesica fue asesinada otras dos bolivianas también perdieron la vida en el país supuestamente por la violencia machista. Entre enero y febrero, se registraron un total de 19 feminicidios, igual a dos casos diarios, dijo el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa.

Desde el 2013, cuando se promulgó la ley contra la violencia machista que tipifica el feminicidio como un delito con 30 años de prisión, la Fiscalía ha registrado 555 casos. De esa cifra, en 2017 se reportaron 109, y en 2018, 128.

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Indignación por el asesinato de una mujer embarazada en presencia de la policía de Ecuador


Menos de la mitad (220) terminaron con una sentencia condenatoria y casi todo el resto sigue en proceso, salvo pocos casos en los que las causas se han extinguido o fueron reconducidas.

La abogada Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer en Bolivia, una organización no gubernamental que apoya a mujeres que sufrieron violencia, le dijo a Univision Noticias que la aplicación de sanciones no es suficiente para frenar las agresiones y hace falta una “política seria de prevención” para reducir la violencia en la sociedad boliviana.

Montaño, que fue premiada en 2015 en Estados Unidos con el International Women of Courage Award, considera que la investigación de los feminicidios o las violaciones sexuales se ve muy limitada por la falta de investigadores profesionales y actualizados, de vehículos policiales y de recursos incluso para cubrir gastos mínimos como el pago de taxis para que los agentes se trasladen a hacer notificaciones.

La abogada reclama más acciones del Gobierno para frenar los peligros que acosan a las mujeres y un compromiso de la sociedad para no ser insensible ante la violencia machista.

A fines de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, dijo que Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios de Suramérica, de 2.0 por cada 100.000 mujeres.

Los expertos insisten en que la existencia de las leyes de protección a la mujer no es suficiente si la Policía y la Fiscalía actúan con limitaciones de recursos humanos y económicos ante los feminicidios. “Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad”, remachó Montaño.

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