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Se trata de dos leyes: una sanciona a las llamadas ciudades santuario que se nieguen a cooperar con agentes federales y la otra impone castigos más severos a los deportados que regresen al país ilegalmente.

El abogado José Guerrero dice que si se aprueban dos proyectos de ley que avanzan en el congreso sobre ciudades santuario, las autoridades se volverían más severas con los indocumentados, aumentando las posibilidades de que lleguen a manos de ICE. Explica que también podría aumentar la lucha de los gobiernos estatales.

El presidente Donald Trump buscaría que los testimonios de los familiares de personas víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes sirvan para que los legisladores aprueben ambos proyectos de ley en la cámara baja.

Un juez federal empezó a escuchar los argumentos de los demandantes entre los que se encuentran las ciudades de Dallas, Austin, San Antonio y Houston. Alegan que la ley es inconstitucional porque está dirigida específicamente a inmigrantes y grandes poblaciones latinas.

Tony Martínez es el alcalde de la ciudad fronteriza, Brownsville. Considera que la polémica SB4 tendrá poco impacto en su ciudad porque dice que no son una ciudad santuario. Sin embargo, habla de la necesidad de una reforma y de los grandes valores de las familias latinas.

"Es difícil explicar a nuestros niños la importancia de la presidencia especialmente cuando alguien ataca a un segmento de la población", dice el alcalde Raúl Reyes de El Cenizo. Además aegura que existe "mucha incertidumbre" y que hay padres que temen enviar a sus hijos a la escuela.

La ley SB4, que entrará pronto en vigor, le permite a los cuerpos de policía de sus ciudades actuar como agentes de inmigración. Pero hay una pequeña ciudad, El Cenizo, de unos 3 mil habitantes, que ha decidido demandar al estado por discriminación. El alcalde Raúl Reyes dice cuáles son sus razones.

La iniciativa intenta que los pasajeros que tengan miedo a la deportación se sientan seguros al abordar los trenes.

Así lo dio a conocer Blanco a través de su cuenta de Twitter, a la vez, acusa al senador republicano Matt Rinaldi de emitir comentarios racistas contra inmigrantes tras las protestas del lunes en el capitolio de Texas, en donde se aprobó la ley SB-4.

La policía no podría preguntarle a los ciudadanos su estatus migratorio, ni colaborar con autoridades federales. Además lugares como escuelas, hospitales e iglesias se convertirían en lugares seguros para inmigrantes

Según el sitio web CityLab Latino, en las 1,200 páginas del documento habría disposiciones que de ser aprobadas eliminarían el poder de estas zonas para tomar sus propias decisiones en temas migratorios.

El documento del fiscal general dice que la orden ejecutiva será aplicada solo a fondos administrados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, y no a otros fondos federales. Los abogados de San Francisco que interpusieron la demanda contra la política de Donald Trump piensan que se trata de una estrategia.

El fiscal general emitió hoy un documento donde explica cómo sería el recorte de fondos federales para estos lugares. Las ciudades santuario podrían seguir obteniendo dinero de otras agencias federales.

La medida especifica que no se permitirá el acceso de agentes de ICE a los establecimientos educativos y no se dará información sobre el estatus migratorio de los alumnos o sus familias. Además, se dejó claro que no habrá ningún tipo de convenio con agencias locales, estatales o federales que deseen hacer cumplir leyes de inmigración.

Los proyectos de ley pretendían la expansión de la criminalización de inmigrantes, acabar con las ciudades santuario y detener la financiación estatal a las localidades que se opusieran a revelar información de indocumentados.

La medida ayudará a proteger a los estudiantes y sus familias que tengan algún riesgo migratorio, como ocurrió con latino detenido en la puerta de la escuela de su hija cuando llegaba a dejarla.