Un informe del Departamento del Tesoro de EEUU indica que el gobierno del El Salvador compró con dinero el apoyo de las pandillas para bajar la tasa de asesinatos; además, los jefes de estos grupos delictivos podían acceder a celulares y trabajadoras sexuales desde la cárcel. Dos funcionarios de ese país enfrentan penalidades económicas y han sido puestos en la lista negra de Estados Unidos.
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