Tribunal Federal falla en contra de LUMA Energy y tendrá que entregar documentos a Cámara de Representantes
El tribunal federal reivindicó este miércoles 7 de julio el trabajo de fiscalización de la Cámara de Representantes al fallar a su favor ante la negativa del consorcio privatizador LUMA Energy de divulgar información requerida por ese cuerpo legislativo.
El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, manifestó junto al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas-Público Privadas y Energía, Luis Raúl Torres, que de este modo “queda reivindicado el trabajo de fiscalización que llevamos a cabo”.
Luego de que el Tribunal de Primera Instancia en San Juan le fallara en contra, LUMA Energy recurrió al tribunal federal de Quiebras para no tener que contestar las preguntas de la Cámara, “ni ofrecer información que es de suma importancia para el país”, sostuvo Hernández Montañez.
El consorcio privatizador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mediante un contrato inicial de 15 años, tendrá que entregar los datos solicitados por el representante Torres, luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain estableciera que los demandados han fallado en cumplir con el peso de demostrar que el resultado de esta litigación en relación al acceso a los documentos pueda afectar el ajuste de las deudas o el tratamiento de la propiedad del deudor.
La jueza Taylor Swain se refirió en particular al caso del Título III de la AEE, que tiene una deuda pública de 9 mil millones de dólares.
“El tribunal federal fue enfático en expresar que no tiene jurisdicción, lo cual advertimos desde el principio cuando denunciamos que esto se trataba de una estrategia forzada luego que el tribunal de Puerto Rico le ordenara a LUMA responder nuestro requerimiento de información”, reaccionó Hernández Montañez.
Opinó que esta determinación del tribunal federal también representa que la Cámara de Representantes prevaleció ante la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por Washington a partir de la Ley Promesa, que decidió unirse a LUMA para que no otorgara información, “a pesar de que en días recientes trabajamos juntos, por medio de legislación, para que haya total transparencia en cuanto al flujo de información que afecte el presupuesto de Puerto Rico”.
El representante Torres aseguró por su parte que con esta decisión judicial, la compañía LUMA Energy está obligada a proveer la información requerida.
“Siempre tuve claro que la Comisión que presido en la Cámara de Representantes tiene jurisdicción para solicitar la información que sea necesaria para fiscalizar el uso de los fondos públicos estatales y federales”, señaló.
Torres refirió que ya los tribunales de Puerto Rico y los de Estados Unidos han decidido mediante jurisprudencia el alcance del poder de investigación amplio que tiene la Asamblea Legislativa.
“Hoy el trabajo de fiscalizar que estamos llevando a cabo en la Cámara de Representantes ha sido reivindicado por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y por el Tribunal federal”, indicó al sostener que ahora LUMA no podrá negarse a entregar la información que se le ha requerido para poder verificar y fiscalizar su cumplimiento con los servicios que tiene que ofrecer al pueblo y por el que se le pagan miles de millones de dólares.
“El pueblo de Puerto Rico a través de la Cámara de Representantes le lleva 2 goles a 0 en relación a la falta de transparencia de LUMA. Doy gracias a Dios por esta victoria, y al trabajo de nuestro abogado el licenciado Jorge Martínez Luciano”, apuntó el representante Torres.