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Contraloría de Puerto Rico revela irregularidades en el control interno del Cuerpo de Emergencias Médicas

El informe reveló que el Negociado no rindió sus informes anuales al gobernador y que tenían 1,983,786 en cuentas por cobrar por falta de reglamentación interna sobre la facturación y el cobro de los servicios prestados.
2 Feb 2021 – 01:01 PM EST
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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas del Departamento de Seguridad Pública, luego de detectar fallas en el control interno, no rendir sus informes anuales y falta de autorización para manejar vehículos oficiales, entre otras.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que entre 2016 y 2018, el Negociado no rindió sus informes anuales al gobernador, al secretario de Seguridad Pública y a la asamblea legislativa, requeridos por la Ley 20-2017 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.

La situación impidió conocer las gestiones realizadas por el Negociado y evaluar si cumplió con su responsabilidad de garantizar un servicio de óptima calidad.

La auditoría señala que, al 30 de junio de 2019, el Negociado tenía 1,983,786 en cuentas por cobrar por falta de reglamentación interna sobre la facturación y el cobro de los servicios prestados.

Además, la Oficina de Finanzas y Presupuesto no mantenía un subsidiario de las cuentas por cobrar, situación que no permitía al Negociado asegurarse de que los cobros realizados por el contratista fueran remitidos a la agencia.

El informe publica que el 100% de los técnicos de emergencias médicas no habían sido evaluados con un examen escrito anual y el 70% no tomó ningún curso de educación continua en el 2018, contrario al Manual de Procedimientos Operacionales de 2012.

Además, el 50% de los despachadores no fue adiestrado en la atención prehospitalaria según el protocolo del Negociado. Esta situación puede poner en peligro la vida de los ciudadanos que necesitan los servicios de la entidad.

Los auditores detectaron también, que el 100% de los técnicos en la muestra evaluada tampoco tenían la autorización de la Administración de Servicios Generales para manejar vehículos oficiales, algunos desde hace 16 años, según dispone el Reglamento de Administración de la Flota de Gobierno.

Al 6 de septiembre de 2019, el negociado contaba con 31 despachadores y 510 técnicos de emergencias médicas. El informe cubre el período del 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019.

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