El proyecto SB 300, presentado durante la primera sesión legislativa estatal del año, busca que sea ilegal interrumpir el embarazo si han transcurrido más de seis semanas de gestación. La medida contempla algunas excepciones como, por ejemplo, aquellas mujeres que han sido víctimas de violación o de incesto, aunque se deben cumplir con ciertos requisitos para que califiquen en dicha categoría.