Ante la poca capacidad operativa del Instituto Nacional de Migración (INM) para controlar el tráfico migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos, el gobierno de México anunció en 2019 su decisión de enviar soldados a sus fronteras. Organizaciones civiles han denunciado que los migrantes han sido víctimas de abusos, torturas y robos por parte de uniformados.
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