Ofreció $8,000 para que mataran a los familiares de su exesposa, lo denunciaron y acabó en prisión
Un hombre con un largo historial de violencia doméstica contrató a un sicario en Honduras para que asesinara a la madre y al tío de su aún esposa, quienes vivían en Honduras, y pidió que ambas muertes se realizaran cuando finalizara su proceso de divorcio en Texas, afirma el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una declaración jurada sometida a un tribunal de dicho estado.
Santos Orellana Hernández, de 47 años y también originario de Honduras, ofreció 200,000 lempiras (unos 8,000 dólares) a un sujeto en su país para que, además de los familiares de su expareja Edith Argueta Vásquez, mataran a otras dos personas relacionadas con ella: su exnovio y la madre de él.
Este hombre y el presunto sicario, que el FBI identifica como Gustavo Ramires, alias ‘Tavito’, hablaron varias veces por teléfono entre enero y marzo de 2020, para planificar los asesinatos. Las cuatro víctimas vivían en el poblado Las Lomitas, en el Departamento de El Paraíso, en el norte de Honduras.
En esas conversaciones, una de las cuales fue grabada por Ramires, este le pidió que las muertes se realizaran a partir del 21 de abril de 2020, fecha en que se concretaría el divorcio de la pareja, que llevaba varios años separada.
Le prometió pagarle hasta que le mandara fotos de los cuatro cadáveres. De esa manera cumpliría la amenaza que le hizo a su exesposa de que un día la haría “llorar lágrimas de sangre”, indica la Fiscalía federal en un comunicado.
El gobierno cree que este hombre habría logrado su objetivo de no ser porque Ramires denunció el hecho y entregó a las autoridades el audio de la llamada. La Policía de Port Arthur, Texas, refirió el caso al FBI el 20 de marzo de ese año, un mes antes del plazo que se había fijado para cometer los asesinatos.
“Edith Argueta Vasquez se estaba divorciando de Orellana Hernández en el condado de Jefferson, Texas, y él quería lastimarla matando a su madre y a su tío que viven en Honduras”, indica una declaración jurada hecha por Nathaniel Moss, un agente del FBI.
Moss entrevistó por teléfono con Ramires el 24 de abril de 2020. Este denunció que en enero de ese año había hablado varias veces con Orellana Hernández sobre los asesinatos y le dijo que en la lista negra estaban su suegra Gregoria Vasquez y el hermano de ella, José Elio Argueto Vasquez, así como un hombre que fue novio de su exesposa y la madre de él.
Ramires grabó una llamada telefónica el 18 de marzo de 2020. En esa conversación, este le dijo a Orellana Hernández que no podía perpetrar los crímenes porque estaba enfermo, pero se comprometió a contratar a un amigo para “hacer ese trabajo”. Ambos lo identificaban como el “pistolero”. En vez de decir asesinatos, el sospechoso lo sustituía por “plantar maíz”.
Los investigadores viajaron hasta el pueblo Las Lomitas, a 150 kilómetros de San Pedro Sula, para entrevistar a testigos y preparar el caso criminal contra Orellana Hernández, quien fue puesto bajo custodia federal el 20 de mayo de 2020.
“En este caso, tan pronto como la Policía de Port Arthur se enteró del complot del acusado para asesinar a sus parientes en Honduras, se coordinó con el FBI, que actuó rápidamente para evitar cualquier derramamiento de sangre”, dijo el fiscal federal Nicholas J. Ganjei en el comunicado.
La Fiscalía federal pidió que se le negara el derecho a salir libre bajo fianza, considerando que había un alto riesgo de que se fugara del país y de que tratara de obstruir el proceso judicial intimidando a los denunciantes. Tomaron en cuenta ya había amenazado de muerte a su exesposa y la madre de ella.
No se equivocaron: a principios de junio de 2020, mientras estaba encarcelado, este hondureño conspiró con otra persona para intimidar a su expareja “en un intento por hacerla retirar la acusación de asesinato a sueldo”, señalan los fiscales.
El 4 de noviembre de ese año, un gran jurado federal emitió una acusación de reemplazo que agregó cargos de conspiración y manipulación de testigos. Orellana Hernández se declaró culpable el viernes de esos delitos, así como de contratar a un asesino a sueldo. Él enfrenta hasta 20 años de prisión federal.
