Exigen que agencias públicas realicen la demolición de las construcciones ilegales en Bahía Jobos
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó una resolución para ordenar a la Junta de Planificación (JP), a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y al Consorcio de Permisos CCVS de los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas a demoler las estructuras construidas ilegalmente en la Reserva Nacional de Bahía de Jobos, en Salinas.
“La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico confiere a la JP, así como a cualquier entidad gubernamental concernida, municipio autónomo o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del gobierno, autoridad para presentar un recurso extraordinario para solicitar la demolición de obras construidas ilegalmente en representación del interés público”, reveló Márquez Lebrón.
Previamente, el portavoz cameral del PIP había cuestionado la postura de la JP, entidad pública que se desvinculó de las construcciones ilegales en Bahía Jobos, alegando no tener jurisdicción.
“El artículo 14.1 de la ley para la Reforma del Proceso de Permisos establece claramente que la JP, incluyendo el Consorcio, tienen la responsabilidad y el poder de llevar a cabo la acción de eliminar las construcciones ilegales en la zona de Bahía de Jobos, en Salinas, ante los tribunales”, indicó entonces Márquez Lebrón.
Según Márques, que la JP renuncie a sus labores es traicionar su política pública, es traicionar el país y renegar asumir una responsabilidad que a todas luces les corresponde.
El legislador señaló que, ninguna de las obras realizadas en las áreas señaladas en la Bahía Jobos cuenta con permisos de construcción y su mera presencia representa un crimen ambiental que tiene que ser revertido cuanto antes.
“Resulta fundamental que las entidades gubernamentales con competencia legal para ello descarguen sus obligaciones en ley y, ante la flagrante ilegalidad de estas construcciones, se pongan a trabajar y cumplan con su deber ministerial”, estableció Márquez Lebrón.
Temen impunidad si se concede inmunidad a invasores de reserva natural
Márquez Lebrón mostró sus preocupación sobre el resultado de la vista ejecutiva de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara sobre la concesión de inmunidad en la investigación de Bahía de Jobos, en Salinas, pues teme que los crímenes ambientales queden impunes.
“El poder de la Cámara para conceder inmunidad a testigos se debe llevar a cabo concienzudamente y con la mayor prudencia y responsabilidad. No puede ser un proceso expedito ni a la ligera. La investigación de los crímenes y daños ambientales en Bahía Jobos en Salinas ha provocado un profundo malestar social y una clara exigencia de fijar responsabilidades y hacer justicia”, apuntó el legislador.
Recordó que la ley de inmunidad “constituirá un mecanismo general y uniforme que provea un adecuado balance entre la protección del derecho constitucional contra la autoincriminación y la necesidad del Estado de obtener información de testigos que considere esencial en las investigaciones criminales, administrativas y legislativas que realice”.
“Por lo tanto, evaluaré cualquier solicitud con la mayor cautela para que la misma, de concederse, contribuya a reafirmar que los terrenos donde están las construcciones ilegales son parte de la reserva natural -y por ende del pueblo de Puerto Rico- y que aporte a la adjudicación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de las personas responsables de los crímenes y daños ambientales cometidos”, afirmó.
Por último, advirtió que evaluará “cualquier solicitud con amplio recelo, para que la misma no tenga el propósito o la consecuencia de proteger a una persona o intereses particulares”.