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La larga batalla de un año terminó con lo que muchas organizaciones consideran una derrota para el presidente quien, sin embargo, anunció una orden ejecutiva para que todas las agencias federales compartan datos con el Departamento de Comercio y así determinar quiénes son ciudadanos y quiénes no.

Tras abandonar la idea de incluir la pregunta de la ciudadanía en el Censo 2020, los esfuerzos del presidente se concentrarán ahora en pedir a agencias federales que le suministren al Departamento de Comercio información del número de ciudadanos y no ciudadanos.

Once abogados del Departamento de Justicia le solicitaron a Jesse Matthew Furman, de la corte federal del distrito sur de Nueva York, permiso para dejar de representar al gobierno en la disputa. Sin embargo, el juez indicó este martes que la solicitud era "evidentemente deficiente".

A pesar del bloqueo ordenado por la Corte Suprema, el presidente afirma que la batalla sigue y para definir la inclusión de la interrogante no descarta dictar un memorando o una orden ejecutiva. Sin embargo, los legisladores demócratas dicen que cualquier intento sería inconstitucional.

El presidente insiste en que está considerando algunas vías para lograr que en el formulario se pregunte por la polémica cuestión, a pesar del fallo de la Corte Suprema. Si no funcionan esas alternativas, el mandatario dio a entender que consideraría una acción ejecutiva para lograrlo.

A pesar de que la Corte Suprema dictaminó que el cuestionamiento no puede ser añadido por ahora en el registro nacional, hasta que el gobierno presente mejores motivos, el presidente Trump advirtió que podría emitir una orden ejecutiva para lograr su cometido. Activistas aseguran que si la pregunta es agregada muchos no participarían por temor a ser deportados.

El mandatario también se refirió a la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, dijo que "estamos pensando en una orden ejecutiva" para poderla incluir. De acuerdo a organizaciones proinmigrantes, el forzar la introducción de este cuestionamiento en el registro nacional generaría que más de nueve millones de personas no participen, lo que representaría menos dinero en programas federales y menos representación política para los hispanos.

Donald Trump aseguró que está considerando la posibilidad de una orden ejecutiva para que el polémico punto se incluya en los formularios, luego de que la Corte Suprema devolviera el asunto a tribunales inferiores. Abogados del gobierno también indicaron que exploran opciones legales.

El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para publicar varios mensajes en los que aseguró que son falsos los informes noticiosos de que el Departamento de Comercio desistió de agregar la pregunta. Esto se da un día después de que miembros de la Casa Blanca afirmaran que se iba a iniciar la impresión de los formularios sin la controversial consulta.

Mientras el presidente asegura que es “triste” la decisión de la Corte Suprema de bloquear la que él considera como la más importante de las preguntas, otros afirman que esta exclusión permitiría un conteo más preciso de la población.

El gobierno del presidente Trump quería incluir esta cuestión en el censo por primera vez en décadas, pero varias demandas llevaron la decisión a los tribunales federales y la Corte Suprema anunció que fallará sobre el tema el próximo año.

La Corte Suprema decidió que por ahora no se incluirá en el registro nacional el cuestionamiento sobre ciudadanía aduciendo que los argumentos del gobierno son insuficientes. Sin embargo, existe preocupación de que muchos indocumentados no llenen los formularios ya que piensan que esa información será enviada a las autoridades migratorias para deportarlos, pero la ley indica que esos datos son confidenciales y no se puede compartir con otras agencias.

Luego de meses de especulaciones sobre la inclusión de la controversial pregunta en el censo, la Corte Suprema decidió este jueves bloquear la cuestión, al menos por ahora, y devolvió el caso a cortes inferiores.

Esta semana, casi medio millón de hogares recibirá el cuestionario de prueba, con el objetivo de determinar cómo afectará la polémica pregunta del estatus legal en el sondeo de 2020, en la misión de contar a toda la población. Activistas aseguran que los indocumentados podrían no participar por temor a represalias.

Los cuestionamientos de varios de los jueces conservadores del alto tribunal parecen indicar que estarían a favor de incluir el interrogante en el censo de 2020. Algunos indocumentados piensan que dar toda su información y reconocer que no son ciudadanos podría llevar a ICE hasta sus hogares. La ley impide que los datos del registro se compartan con otras agencias, pero hay quienes creen que con Trump todo es posible.

El presidente Trump sufrió una derrota potencialmente significativa en corte. El juez de Nueva York consideró que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, abusó de su autoridad al sumar esa pregunta al cuestionario.