Fiscal general elimina regla de Trump que hacía obligatoria la revisión de decisiones de asilo

El fiscal general, Merrick Garland, revirtió una regla de la administración Trump que obligaba a los jueces de inmigración y a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), revisar fallos favorables de asilo, incluso en casos no controvertidos o donde hubiese cualquier tipo de desacuerdo.

En septiembre del año pasado el entonces fiscal general, William Barr, estipuló que los inmigrantes que ganaran un caso de asilo debían esperar por una decisión final: ordenó que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revisara nuevamente el expediente y determinara si “los hechos encontrados por el juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.

Pero a partir del lunes esa orden fue cancelada. “Y solo serán revisados los casos controvertidos”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Si ya el gobierno y el solicitante de asilo llegaron a un acuerdo, los jueces no tienen que perder tiempo en casos no controvertidos. Solo se revisarán casos en donde hubo desacuerdos importantes”, agregó.

Guerrero explicó la orden de septiembre de 2020, dictada bajo el amparo de la política migratoria de tolerancia cero, “se estaban perdiendo muchas horas de trabajo en el proceso de revisión”. Y que nueva orden emitida por Garland “ayudará a la descongestión de casos acumulados en la Corte de Inmigración, que a la fecha supera los 1.3 millones de expedientes”.

La opinión de Garland

Garland dijo que los jueces de inmigración deben seguir la regla anterior de larga data, de que solo los asuntos impugnados por los solicitantes de asilo o por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), justifican una revisión de un caso.

En mayo una coalición integrada por abogados, académicos, organizaciones religiosas y defensores de los derechos de los inmigrantes enviaron una carta a Garland pidiéndole anular la decisión de Barr emitida en septiembre, al tiempo que le solicitaron revertir la decisión de negar asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas.

Esta última petición fue atendida el 16 de julio. Ambas prohibiciones dificultaron que inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia y calificaran para pedir asilo, un recurso legal disponible severamente limitado durante el gobierno anterior.

Aplauden la decisión

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) aplaudió la reversión de la orden dada en septiembre del año pasado por el entonces fiscal general Barr, medida que, dijo, había dejado a cientos, quizás miles de indocumentadas víctimas de violencia doméstica y persecución por motivos de género “expuestos a la deportación”.

“Estamos eufóricos más allá de las palabras por la respuesta del fiscal general Garland a las valientes mujeres y otras personas que se han pronunciado pidiendo justicia, incluso con gran riesgo para ellos mismos para que sus gritos puedan ser escuchados”, dijo Elsie Valdes-Ramos, miembro de la junta nacional de LULAC y vicepresidenta de mujeres.

LULAC dijo además que “nunca sabremos el costo total pagado por el sufrimiento humano o incluso la muerte cuando los tribunales de inmigración de nuestro país se vieron obligados a dar la espalda a las víctimas de la violencia doméstica y la persecución”.

El caso A-C-A-A-

La demandada en el caso que generó la opinión de Garland el lunes corresponde a una inmigrante de origen salvadoreña que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2012, fue arrestada y puesta en proceso de deportación. La no ciudadana solicitó asilo en 2018 alegando que había sufrido persecución en el pasado a manos de sus padres por tratarse de una mujer.

La inmigrante afirmó durante el proceso que si regresaba a El Salvador enfrentaría persecución basada en su género por parte de su exnovio, pandilleros y la policía local. Un juez de inmigración le otorgó asilo basándose en la última solicitud. La decisión fue ratificada por la BIA.

Pero el DHS objetó el caso y el fiscal general ordenó la revisión del proceso en su totalidad, dejando sin efecto las decisiones del juez y de la BIA.

Domingo García, presidente de LULAC, dijo que la decisión del 2020 de ordenar la revisión de todos los casos de asilo obedeció a “un sistema que no escuchó o fue bloqueado por políticos cuyo odio racial se interpuso en el camino de la justicia”.

Esta acción del fiscal general Garland, de revertir el fallo de 2020, “libera a los jueces de inmigración de los grilletes de las malas leyes puestas en los libros porque Barr era demasiado débil o no estaba dispuesto a hacer su trabajo”, señaló.