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Venían a trabajar de Tijuana y les pagaban en pesos mexicanos: el caso de explotación laboral en almacenes de California

Las autoridades federales han detectado que al menos seis empresas de San Diego pagaron una miseria a unas 170 personas, la mayoría de las cuales vivían en México.
Publicado 21 Mar 2023 – 05:00 PM EDT | Actualizado 21 Mar 2023 – 05:01 PM EDT
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En Tijuana, México, se corrió la voz de que estaban contratando a personas que pudieran cruzar la frontera todos los días para trabajar en bodegas cercanas a una garita de San Diego, California.

Les decían que su sueldo sería de hasta 2,500 pesos semanales (unos 135 dólares), casi el doble en comparación con el salario mínimo que se devenga en ese municipio de Baja California.

Las empresas hacían arreglos amañados para que esos empleados aparecieran en nóminas de compañías filiales en Tijuana y les pagaban en pesos, como si estuvieran trabajando allá.

En los últimos cuatro años, las autoridades federales han detectado que al menos seis empresas de San Diego explotaron laboralmente a unas 170 personas, la mayoría de las cuales vivían en Tijuana.

En el caso más reciente, el Departamento del Trabajo (DOL) logró que dos compañías paguen un total de 1.1 millones de dólares por sueldos robados a 50 trabajadores mexicanos que recibían un salario de tan solo 2.43 dólares por hora y que jamás recibieron un centavo por las horas extras laboradas.

El sueldo mínimo federal es $7.25 y el 1 de enero de 2020 en California se estableció un pago mínimo de $15 por hora.

“Estas empresas se aprovecharon de que estos trabajadores estaban dispuestos a ganar menos”, dijo Adriana Ahumada, abogada del DOL, en una entrevista con Univision Noticias.

“Eran empleados que venían en general de México, cruzaban la frontera, trabajaban en estas empresas y les pagaban en pesos en México”, agregó la funcionaria federal.

Las acciones del gobierno federal han logrado que los infractores desembolsen 3.2 millones de dólares por sueldos atrasados y multas.

Se trata de las empresas Freig Carrillo Forwarding, ACV Logistics, Premar Global Warehouse Logistics, AGA Investments II, OMG Freight Forwarders y Atlas Freight Forwarding.

Estas tenían almacenes en la zona de Otay Mesa, cerca de la garita que lleva el mismo nombre.

“Pagar a trabajadores de bodegas sueldos por debajo del mínimo permitido y/o fallar en el pago de tiempo extra, representan prácticas reprobables que nunca deben ser toleradas”, dijo el cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, en una declaración escrita enviada a este medio.

Ahumada explicó que su oficina investiga esta práctica desde hace tres años y aclara que no se enfocó en los métodos de reclutamiento, ni en cómo estos trabajadores pasaban la frontera. Pagarles en México no fue una violación, sino incumplir con el salario mínimo en EEUU, dice ella.

“No nos importa si son mexicanos o estadounidense, si son trabajadores en Estados Unidos merecen la protección de las leyes federales y vamos a enfocarnos en eso”, dijo la abogada del DOL.

“Sin importar su estatus migratorio, estamos para proteger a todos los trabajadores”, recalcó.

Los pagos a trabajadores de Tijuana explotados

En documentos legales relacionados con el caso que el DOL interpuso contra la empresa Freig Carrillo Forwarding y su dueño Javier Martin Freig Carrillo, aparece una lista con los nombres de los empleados que deben ser compensados.

Son treinta hombres y cinco mujeres que recibirán un pago de un millón de dólares en sueldos atrasados, de los cuales $400,000 deben pagarse en un plazo de 15 días y el resto en abonos mensuales de casi $17,000 durante los próximos tres años.

A Carrillo también se le impuso una multa de 26,215 dólares. En su acuerdo con el gobierno, él cedió dos propiedades en Nogales y Tucson, en Arizona, para poder cumplir con esa responsabilidad. Dichos bienes están valuados en poco más de 600,000 dólares.

En una sentencia emitida el pasado 9 de marzo, el juez federal Jeffrey Miller le ordenó a Carrillo pagarle en dólares a los empleados que radiquen en México y le prohibió pedirles que le devuelvan ese dinero, tomar represalias ni advertirles que habrá acciones legales en su contra.

Los antiguos y actuales trabajadores de su compañía recibieron una carta en español que les notifica que se llegó un acuerdo para compensarles por sueldos atrasados.

“Es ilegal que alguien le haga daño por hablar con un representante del Departamento del Trabajo”, indica el documento, el cual enfatiza que tampoco pueden despedir a los denunciantes, negarse a pagarles, reducir sus horas de trabajo, ni “reportarle al gobierno para su deportación”.

“Estas leyes se aplican a usted sin importar su estatus migratorio”, subraya la carta.

Así comenzó la investigación

Esta práctica ilegal ocurrida en Otay Mesa, una zona industrial al suroeste del condado de San Diego, se desveló en septiembre de 2021 tras una investigación enfocada en la empresa Premar Global Warehouse Logistics, que le pagaba a 16 mexicanos tan poco como 3.38 dólares por hora.

Su jornada era de hasta 51 horas semanales, pero tenían un sueldo fijo. Ellos se encargaban de revisar mercancía que llegaba a la bodega.

Los inspectores descubrieron que Premar Global operaba en Tijuana con el nombre de ‘Export Dynamics de México’ y que pagaba en pesos, “a pesar de que todo el trabajo se realizaba en San Diego”.

En un acuerdo con el gobierno, esta compañía y su propietario Tomás Martínez Leal se comprometieron a pagar casi 230,000 dólares en salarios atrasados.

En abril de 2022, el Departamento del Trabajo reveló que otras tres empresas estaban contratando a residentes de Tijuana para pagarles tan poco como 2.50 dólares por hora.

Una batalla legal les torció el brazo y logró que pagaran casi 2 millones de dólares a 108 trabajadores y multas por más de 56,000 dólares.

Una de las compañías sancionadas, AGA Investments II, cuyo dueño es Arturo Ruffo, recibía todos los días a personas que cruzaban por la garita de Otay Mesa, según la acusación.

Esta empresa, que también opera como Columbia Export Group, tiene instalaciones en varias ciudades mexicanas, incluyendo Ensenada, Tijuana, La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Por su parte, OMG Freight Forwarders, tenía 13 empleados y les hacía depósitos directos a sus cuentas de banco a través de una filial en Tijuana, llamada ‘Coordinadora de Servicios Aduanales Atlas’.

Por pagarles solo $2.50 por hora, el gobierno obligó a Ruffo para que entregara una compensación de 111,000 dólares a sus trabajadores bajacalifornianos.

Adriana Ahumada, del Departamento del Trabajo, explicó que en los primeros casos todos los afectados ya fueron compensados. “En general, se les pagó en México, en pesos”, indicó.

Según la funcionaria, hasta ahora no han detectado a ningún menor trabajando en estas bodegas.

Las identidades de estos empleados se mantienen en secreto por razones de seguridad. “No queremos que tomen represalias contra ellos y que ellos no tengan miedo”, indicó Ahumada.

Si usted quiere denunciar un caso de explotación laboral en el sur de California llame al Consulado de México en San Diego, al teléfono (619) 231-3847 o escriba a proteccion@consulmexsd.org

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