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Asilo Político

Revierten reglas que negaban asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas

La decisión fue tomada por el fiscal general, Merrick Garland, quien dijo que los jueces de inmigración ya no deberían seguir las reglas de la era Trump, que dificultaban que los inmigrantes que enfrentaban violencia doméstica o de pandillas obtuvieran asilo en Estados Unidos.
16 Jun 2021 – 03:52 PM EDT
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El gobierno de Estados Unidos revirtió dos reglas impuestas bajo la política de 'tolerancia cero' de Donald Trump que negaban asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, dos de las principales causas que presentan inmigrantes que llegan a la frontera.

Ambas prohibiciones dificultaron que inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia y calificaran para pedir asilo, un recurso legal disponible severamente limitado durante el gobierno anterior.

La decisión fue tomada por el fiscal general, Merrick Garland, quien dijo que este miércoles que los jueces de inmigración ya no deberían seguir las reglas de la era Trump, que dificultaban que los inmigrantes que enfrentaban violencia doméstica o de pandillas obtuvieran asilo en Estados Unidos, reportó The Associated Press.

Garland indicó además que el departamento bajo su cargo estaba “haciendo los cambios después de que el presidente Joe Biden ordenó a su oficina y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)que redactaran reglas que aborden temas complejos en la ley de inmigración sobre grupos de personas que deberían calificar para protección humanitaria.

La anulación de las prohibiciones “podría facilitar” que los inmigrantes centroamericanos tengan más opciones de ganar sus casos en la Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración -EOIR-).

Los cambios

De acuerdo con lo señalado por Garland, el Departamento de Justicia anulará “varios fallos legales controvertidos” que fueron emitidos por sus predecesores, a efecto de anular las prohibiciones de Trump.

La decisión “restablece la posibilidad de protección de asilo para mujeres que huyen de la violencia doméstica en otros países y algunas víctimas de la violencia de pandillas”, dijo la Radio Nacional Pública (NPR) en su página digital.

"Estas decisiones involucran preguntas importantes sobre el significado de las leyes de asilo de nuestra nación, que reflejan el compromiso de Estados Unidos de brindar refugio a algunas de las personas más vulnerables del mundo", escribió la procuradora general adjunta, Vanita Gupta, en un memorando donde explica las decisiones a los jueces de inmigración del país.

“Giro de 180 grados”

La decisión de revertir las dos reglas de Trump que afectaron ñas solicitudes de asilo “representa un cambio de 180 grados en la política migratoria”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Esto revive la política de asilo y también la esperanza en miles de personas que han sido victimas y perseguidas bajo actividad criminal en sus países de origen y se han visto en la necesidad de huir para salvar sus vidas”, indicó.

Guerrero dijo además que las personas que se han visto afectadas o cuyos casos de asilo fueron negados y tienen evidencia de violencia doméstica o de pandillas, “deben hablar con sus abogados para ver si existe opción de presentar una moción de reapertura”.

“Y aquellos que puedan apelar el fallo, que lo hagan. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia acaba de fallar que los inmigrantes pueden perder el derecho a quedarse si no apelan las órdenes de deportación injustas”, precisó.

La orden de Trump

En junio de 2018, cuando el gobierno de Trump se encontraba separando forzosamente a familias que llegaban a la frontera en busca de asilo, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció que las víctimas de violencia doméstica y de las pandillas no calificarán para pedir asilo, una decisión que los defensores de derechos humanos advirtieron que afectará a decenas de miles de inmigrantes.

El anuncio de Sessions constituyó un paso más para dificultar la entrada al país a inmigrantes que llegan en busca de la protección del gobierno estadounidense, un recurso disponible que Trump calificó como una “laguna” o “vacío” que dificultaba el avance de su política de ‘tolerancia cero’.

La decisión de Sessions revirtió una medida del Panel de Apelaciones sobre Inmigración del Departamento de Justicia establecida en 2016, que indica que una mujer abusada de El Salvador era elegible para asilo bajo la ley federal. Esa instancia normalmente es la máxima autoridad sobre esos asuntos, pero el fiscal general tiene el poder de cambiarlo.

"No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente", dijo Sessions. "En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley".

Política humana

Tras la decisión de Sessions, un grupo de 15 es jueces de inmigración enviaron una carta en la que señalaron que el reconocimiento de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo, "fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”.

En la misiva, los exmagistrados indicaron que “las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hace que sea extremadamente importante mantener dicho análisis inmune a las consideraciones políticas a las que los miembros del gabinete están sujetas”.

“El problema fue certificado por tres fiscales generales diferentes (un demócrata y dos republicanos), quienes finalmente eligieron dejar la determinación final a los jueces de inmigración y al BIA (Corte de Apelaciones de Inmigración)”, apuntaron.

A pesar de las recomendaciones, el gobierno de Trump siguió adelante con sus planes de dificultar la política de asilo a golpe de memorandos, ordenes ejecutivas y la reinterpretación de decisiones judiciales por parte del fiscal general.

La orden de Biden

El 2 de febrero Biden firmó tres órdenes ejecutivas encaminadas a:


  1. Crear una fuerza de trabajo para la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno de Trump al momento de pedir asilo en la frontera;
  2. Crear un marco de trabajo integral para ver las causas de la inmigración hacia Estados Unidos y crear un proceso seguro para las personas que buscan asilo; y
  3. Restaurar la fe en el sistema migratorio legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.

El mandatario dijo que las políticas dejadas por el gobierno de Trump en la frontera “han causado caos, crueldad y confusión”. Y que contrario a lo que se esperaba, la política migratoria de su antecesor “socavaron la seguridad de nuestras comunidades, penalizaron a los solicitantes de asilo que huyen de la violencia y desestabilizaron la seguridad en todo el hemisferio occidental”.
Para alcanzar los objetivos, fijó un plazo de 90 días para que el Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional (DHS) presenten un plan que describa los pasos que tomarán sus respectivas agencias para promover la política establecida. Y en un plazo de 180 días presentarán cada uno de los secretarios un informe que describa el progreso de sus respectivas agencias hacia la implementación del plan desarrollado de conformidad con lo establecido en la orden ejecutiva.

La eliminación de las dos reglas anunciadas por Garland son parte de la orden presidencial emitida en febrero.

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