En plena crisis fronteriza, jueces de inmigración aguardan que Biden certifique sindicato
Casi 100 días después de que Joe Biden tomara el control de la Casa Blanca, el Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) sigue esperando que el gobierno intervenga para eliminar la descertificación emitida el año pasado que elimina la independencia de los jueces ante la política migratoria del Ejecutivo.
Si bien Biden ha alzado la voz a favor de los trabajadores, eligiendo a un exfuncionario sindical como secretario de Trabajo y apoyado al sindicato de Amazon en medio de una oferta de sindicalización, el mandatario no se ha pronunciado ante la demanda de los jueces.
Durante el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia lanzó un certero ataque en contra del sindicato de jueces como parte de una estrategia enmarcada en la política migratoria de ‘tolerancia cero’. El propósito era convertir a los jueces de inmigración en ejecutores de los planes del Ejecutivo bajo las órdenes del fiscal general.
En julio del año pasado la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permitió permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
Pero a principios de noviembre un panel de la misma entidad federal revirtió el fallo y aceptó los argumentos presentados por el gobierno. En un segundo dictamen, entregado un día antes de la elección presidencial, determinó que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser miembros de una organización laboral.
La decisión, que despojó a más de 450 empleados federales de sus derechos de negociación colectiva, fue apelada por la NAIJ y hasta ahora los tribunales no se han pronunciado. Tampoco el presidente o el fiscal general, Merrick B. Garland.
Dos de los tres miembros del panel de la FLRA que revirtieron la decisión de julio fueron nombrados por Trump.
Crisis en la frontera
La disputa entre la NAIJ y el Departamento de Justicia ocurre en momentos de una crisis en la frontera que está vulnerando la política migratoria de Biden, quien acusa al gobierno anterior de haber socavado los recursos para responder a una creciente demanda de beneficios migratorios disponibles autorizados por el Congreso, entre ellos el asilo.
Durante febrero y marzo la Patrulla Fronteriza detuvo a 273,339 no ciudadanos en la frontera con México, un incremento del 70% respecto al año anterior. De ellos, 27,934 corresponden a Menores No Acompañados (UAC).
El gobierno ha enfatizado que solo está procesando los casos de UAC y que el resto, tanto unidades familiares como adultos solteros, son expulsados inmediatamente bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, medida adoptada el año pasado por Trump como parte de la estrategia para combatir la pandemia del coronavirus.
La no expulsión de UAC se basa en el cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe las deportaciones aceleradas de menores y ordena al gobierno que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.
Atasco gigantesco
Con un sindicado descertificado y una Corte con 1,277,152 casos acumulados al cierre del primer cuatro del año fiscal 2021, de acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR), los jueces se preguntan cómo hará el gobierno para solucionar la crisis.
La NAIJ tiene unos 500 jueces activos y durante Trump el Departamento de Justicia fijó una cuota anual de 700 casos, bajo amenaza de despidos si no cumplían. Eso significa que cada juez debe manejar 2,544 casos del total acumulado, y demoraría en promedio 3.6 años en resolverlos, siempre y cuando no se agregue ningún otron caso durante todo ese tiempo, incluyendo los 27,934 UAC detenidos en la frontera entre febrero y marzo de este año.
Advirtió además que el tema de la Corte de Inmigración está siendo visto desde un ángulo demasiado simplista en la solución del problema. Y que la crisis del sistema migratorio que agobia al gobierno también se trata de una crisis en los tribunales de justicia, un problema que si no es resuelto pronto seguirá causando daños irreparables a las personas que navegan por el debido proceso.
Abogados advierten que la situación de la Corte de Inmigración es extremadamente difícil. “No tienen recursos para manejar tantos casos a la vez. Si no les dan presupuesto, si no contratan más jueces para procesar todos los casos de asilo acumulados y los que están llegando a la frontera, el sistema colapsará”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
Silencio oficial
Los días pasan, la crisis se complica y el gobierno de Biden no se ha comunicado sobre el tema. “Reconocemos los desafíos que la Administración actual tiene ante sí, y entendemos el trabajo que está haciendo para abordar los problemas a escala nacional, más allá de la inmigración”, dijo Khan al sitio Roll Call. "Sin embargo, dicho esto, tenemos la esperanza de que se tomen medidas más temprano que tarde", agregó.
Una de esas medidas es permitir la certificación del sindicado de jueces para permitirles el uso de la discrecionalidad para el manejo de casos y descongestionar el sistema.
La descertificación lograda bajo el gobierno de Trump en noviembre permitió que el entonces fiscal general, William Barr, ordenara que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revisara nuevamente los expedientes y determinara si “los hechos encontrados por el juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.
La NAIJ dice que, como resultado de esta decisión, toda la valiosa información sobre los procedimientos recopilada por los jueces durante los procesos “no se tiene en cuenta”.
Esto no solo demora los procesos, sino que suma cada día nuevos casos a los casi 1.3 millones de expedientes acumulados en la Corte de Inmigración, dice el sindicato.
La reforma de Biden
El pasado 21 de febrero la NAIJ dijo que el plan de reforma migratoria de Biden estaba incompleto porque “no incluye” una reforma a fondo de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (corte de Inmigración, EOIR), que opera bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ).
El proyecto integral anunciado el 20 de enero “incluye numerosas propuestas para reformar el sistema de inmigración”, dijo la Asociación en un informe. Sin embargo, añadió, la iniciativa “no incluye reformas estructurales críticas a los tribunales de inmigración de nuestro país”.
Explicó además que uno de los mayores problemas que enfrenta la Corte de Inmigración es la “politización” del cargo de director que, a pesar de tratarse de un cargo de carrera, durante el gobierno de Trump se nombró por “razones políticas”.
En la actualidad la EOIR está compuesta por aproximadamente 500 jueces de primera instancia y 23 jueces de apelaciones de inmigración, que a veces son miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Los jueces advierten que “las decisiones de la BIA pueden crear un precedente vinculante para los tribunales de inmigración en todo el país”, y que las regulaciones puestas en vigor en el último año y que norman el debido proceso, fueron promulgadas por el recientemente director de la EOIR, quien no está obligado a ser juez o incluso abogado y que ahora tiene la autoridad para emitir sus propias decisiones precedentes”.
“En su forma actual, los tribunales de inmigración pasan de una prioridad política a otra cada vez que asume una nueva administración, paralizando con ello su eficiencia y afectando el debido proceso”, advirtieron.
