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Deportaciones

Jueces de inmigración establecen récord de cierre de casos de deportación

Un estudio del TRAC de la Universidad de Syracuse también revela que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de enero de 2023, los cierres de tribunales de inmigración alcanzaron 172,180 casos, cifra que equivale a un 85% más que un período comparable durante 2019.
Publicado 28 Feb 2023 – 12:21 PM EST | Actualizado 28 Feb 2023 – 12:21 PM EST
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Agentes de ICE durante una redada. Crédito: Amanda Mason/Amanda Mason - ICE Public Affair

La Corte de Inmigración está alcanzando niveles récord de casos cerrados administrativamente en lo que va del año fiscal 2023, revela un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Investigadores hallaron que en los primeros cuatro meses del actual año fiscal los cierres de casos están “en camino de crecer a casi medio millón”. Y que durante el año fiscal 2022 la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) estableció una marca “del 47% más alto que el máximo anterior establecido durante el año fiscal 2019”, indicaron.

El estudio señala además que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de enero de 2023, los cierres de tribunales de inmigración alcanzaron 172,180 casos, cifra que equivale a un 85% más que un período comparable durante 2019.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año entrante.

De qué se trata el cierre administrativo

“El cierre administrativo es cuando el juez de inmigración desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la fiscalía para tratar de deportar al inmigrante”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando eso ocurre, ya no existe un proceso de deportación”.

El problema es que, cuando eso sucede, “el inmigrante regresa al mismo estado migratorio en el que se encontraba al momento del arresto y el inicio del proceso, es decir indocumentado y sin beneficios”, agrega Guerrero. “A menos que exista una vía legal disponible para que pueda regularizar su permanencia en Estados Unidos”.

A la pregunta si en este grupo puede haber inmigrantes que en los últimos meses llegaron a la frontera, pidieron asilo y sus casos fueron remitiros a un juez de inmigración, Guerrero dijo que “es probable”, pero que por lo general esto sucede cuando la persona lleva algún tiempo en el país, tiene lazos familiares y su caso no se encuentra dentro de las prioridades de deportación del gobierno. Es decir, no ha cometido crímenes y tampoco representa una amenaza para la seguridad nacional, pública o fronteriza.

Más cierres administrativos, pero más casos

Si bien el incremento en el número de cierres administrativos presagia un descongestionamiento en la Corte de Inmigración, el TRAC advierte que durante los mismos cuatro meses del año fiscal 2023, “se registraron un total de 329,380 Notificaciones (avisos) de Comparecencia (NTA) emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los registros caso por caso de la EOIR.

Por lo tanto, añade, la Corte de Inmigración, “está en camino este año para recibir casi un millón de nuevas NTA que buscan deportar inmigrantes”, una crisis que se viene gestando desde el 2013, cuando un informe de la Universidad de California entregado a las Naciones Unidas y luego al gobierno de Barack Obama advirtió la crisis migratoria procedente de Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos.

El TRAC dijo además que, si continúa el ritmo de las nuevas NTA emitidas por el DHS, al término del año fiscal 2023 la EOIR “también puede alcanzar un récord para los casos entrantes”.

A principios de enero de 2017, cuando el expresidente Donald Trump asumió el control de la Casa Blanca, la EOIR tenía acumulados unos 540,000 casos. Cuando años más tarde, cuando Joe Biden lo reemplazó, había 1.2 millones de expedientes acumulados. Hoy, dos años después, la cantidad de casos en espera es de 2.097.,195, un aumento del 62% desde que Biden asumió el cargo luego de ganar las elecciones de 2020.

Otro dato hallado por los investigadores señala que durante los primeros cuatro meses del año fiscal 2023, se registraron 329,380 NTA emitidas por el DHS.

Cierre administrativo, facultad restituida

La facultad del cierre administrativo de que disponen los jueces de inmigración fue eliminada en 2018 por el entonces fiscal general Jeff Sessions, como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump. Sessions prohibió a los jueces de inmigración cerrar casos administrativos ante sus propios tribunales, incluso aquellos que podrían ser resueltos por otras agencias federales.

La decisión de 2018 incluso obligó a la reapertura de unos 350,000 expedientes sentenciados en los últimos 20 años y su reprogramación en las cortes de inmigración para reanudar los procesos de deportación.

En noviembre del año pasado, sin embargo, el actual fiscal general de EEUU, Merrick Garland, restituyó esta facultad a los jueces de inmigración para que cierren, terminen o desestimen casos de deportación en ciertos tipos de circunstancias, decisión que ayuda a cientos, quizás miles de inmigrantes que pueden o califican para aplicar a un beneficio ante el servicio de inmigración, como por ejemplo la residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde) por medio de una petición familiar.

"La decisión de Garland se aplicó en tres tipos de casos o de escenarios”, explicó Guerrero. “Quienes obtuvieron la residencia después de haber sido puestos en proceso de deportación, aquellos que al tenerlos en proceso de deportación les causaría grandes o graves consecuencias para el aplicante si tiene que salir de Estados Unidos en busca de una visa de inmigrante, y aquellas personas que pueden aplicar para un beneficio disponible ante el servicio de inmigración”.

Entre los beneficiarios se encuentran cónyuges inmigrantes de ciudadanos o residentes legales permanentes que ingresaron ilegalmente al país y califican para un perdón 601-A para salir del país y luego reingresar sin que les afecte la Ley del Castigo.

También califican inmigrantes cubanos que tienen un “parole” y al año y un día califican para solicitar la residencia legal permanente (LPR) ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La Ley del Castigo, aprobada por el Congreso en 1996, sanciona con tres años fuera del país a indocumentados que acumulan más de 180 días de presencia ilegal y con 10 años si la permanencia indocumentada pasa de los 365 días.

Cuidado con las estafas

En abril del año pasado Univision Noticias reportó que el poder temporal extraordinario otorgado por el gobierno a los abogados (fiscales) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para cerrar administrativamente casos de deportación o terminarlos, e incluso reabrir casos para luego proceder a cerrarlos o cancelarlos, “no está ajeno a las estafas” cometidas por notarios o gestores, de acuerdo con una advertencia lanzada por abogados consultados por Univision Noticias.

“No debería existir mucha estafa porque el trámite se tiene que hacer directamente con la Fiscalía d ICE”, dice José Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Pero como no todos lo saben, muchos pueden ser víctimas y caer en manos de gente que no está, ni autorizada ni tiene conocimiento acerca de cómo es el proceso”, indicó.

Barrón dice además que, una vez revisado el expediente de un inmigrante y concluir que tiene base para solicitar a la fiscalía un cierre administrativo o terminar un caso de deportación, “debe haber un abogado que sepa como negociar con ICE".

La herramienta del cierre administrativo en casos de deportación el gobierno de Biden la utiliza como instrumento para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes que DHS no considera una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración (deportación de Estados Unidos).

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