El pasado 27 de marzo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, celebró un año del estado de excepción, en medio de críticas por la violación a los derechos humanos a las personas detenidas.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudiará si hubo violaciones a derechos cuando la justicia de El Salvador negó a Beatriz, una joven de 21 años, la posibilidad de interrumpir su embarazo pese a un embarazo de alto riesgo de un bebé sin esperanza de vida. Sigue las últimas noticias en Univision.
En otras noticias, Credit Suisse anuncia un préstamo de más de $50,000 millones para calmar a los mercados; El Salvador aprueba una nueva prórroga del polémico estado de excepción y las fuerzas armadas de EEUU difunden imágenes del choque entre uno de sus drones y un caza ruso. Más información en
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Entre los presos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo están 57 cabecillas de las pandillas, incluido uno de los líderes históricos de la Mara Salvatrucha. El Congreso bajo control de partidarios de Bukele aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción.
Autoridades de EEUU acusaron al gobierno de Bukele de negociar en secreto con jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Gabriel Labrador, periodista de El Faro, aseguró que con esta revelación se pone en tela de juicio la veracidad de la narrativa oficial sobre la razón por la cual han reducido los homicidios. “Con estas acusaciones se desmonta la teoría de que el plan de seguridad gubernamental estaba funcionando y se evidencia que los homicidios van a la baja por los acuerdos”, dijo.
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Según un expediente judicial, miembros del gabinete de seguridad de Nayib Bukele se reunieron en secreto y enmascarados con tres jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) para acordar disminución de homicidios en el país y apoyo para las elecciones de 2021 a cambio de beneficios económicos, control de territorios, condiciones carcelarias menos estrictas y reducción de condenas, entre otros.
Lee más sobre la acusación de Estados Unidos sobre pactos entre el gobierno de Nayib Bukele con la MS-13.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el traslado de los primeros 2,000 supuestos pandilleros a la nueva mega cárcel, en la que pretende recluir a 40,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Esta cárcel y el arresto masivo de personas ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por la violación de derechos y detenciones arbitrarias.
Una acusación del Departamento de Justicia recién desvelada afirma que el gabinete de seguridad de Nayib Bukele se reunió en secreto con jefes de la Mara Salvatrucha. A cambio de beneficios en las prisiones, la pandilla prometió reducir los asesinatos, pero lo único que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas, según EEUU.
La asamblea salvadoreña aprobó, tras petición del presidente Nayib Bukele, una nueva prórroga del estado de excepción que suspende derechos constitucionales para aplicar su lucha contra las pandillas.
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El Congreso aprobó este martes, a petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una nueva prórroga del estado de excepción que suspende derechos constitucionales para aplicar una política de mano dura contra las pandillas.
El presidente de El Salvador mostró a través de sus redes sociales el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el cual asegura es seis veces más grande que un estadio de fútbol.
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El nuevo penal, conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), tiene capacidad para unos 40,000 reclusos. El presidente Nayib Bukele lo visitó, tras conocerse nuevas denuncias de hacinamiento y muertes en cárceles salvadoreñas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó la cárcel que, afirma, es la "más grande de América" y donde promete encerrar a 40,000 pandilleros. La megaprisión está rodeada de cercos electrificados y varios muros de concreto de más de 11 metros de altura, así como de 19 torres de vigilancia.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch reveló que tuvo acceso a una base de datos del gobierno de El Salvador que confirma que el estado de emergencia contra las pandillas ha derivado en abusos generalizados.
Varias personas salieron a las calles de San Salvador este domingo para manifestarse en contra del gobierno de Nayib Bukele. Durante la marcha, encabezada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, se lanzaron críticas y reclamos contra el mandatario por la extensión del régimen de excepción. “Hay gente que se ha tenido que ir a causa de la persecución tras denunciar los abusos de este gobierno, al que no le gusta que lo cuestionen”, dijo la diputada Anabell Belloso.
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Según cifras oficiales del gobierno salvadoreño, de 61,300 personas arrestadas bajo el llamado ‘régimen de excepción’ unas 3,313 fueron liberadas porque no se les encontró relación alguna con actividades criminales. Activistas acudieron a organismos internacionales para denunciar esta medida decretada por el presidente Nayib Bukele al considerar que representa una “flagrante violación a los derechos humanos”.
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Expertos afirman que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha puesto la mirada en su vecino luego de que su homólogo salvadoreño Nayib Bukele les declarara la guerra a las pandillas, lo que ha disminuido los asesinatos en El Salvador. "Rescatamos algunos ítems de allá, lo mismo de Nicaragua que tiene sus buenos programas, entonces estamos haciendo algo muy propio", dijo el secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón.
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En El Salvador, la guerra contra las pandillas, también llamadas maras, ha llevado al arresto desde marzo de más de 60.000 personas por supuestos nexos con las organizaciones criminales, según cifras oficiales.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de la disposición por 30 días más como se lo solicitó el gobierno. Con la medida se busca mantener el combate a las pandillas, a pesar de las críticas de políticos opositores y defensores de derechos humanos.
Miles de soldados y policías cercaron el municipio de Soyapango como parte de un gigantesco operativo contras las pandillas en El Salvador. La policía mantiene bloqueadas las vías de acceso a la población mientras que las fuerzas especiales registran autos y buscan a miembros de bandas criminales dentro de las casas.