null: nullpx

"Condiciones espantosas": trasladar las funciones migratorias de EEUU a México elevó los abusos, dice Human Rights Watch

El reporte, difundido horas antes del inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, recomienda a los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador un cambio en las políticas que ha obligado a cientos de miles de personas a esperar soluciones en situación de precariedad. México registró en 2021 su cifra más alta de peticiones de refugiado, y el 70% fue registrado en Tapachula, en la frontera sur del país.
Publicado 6 Jun 2022 – 01:17 AM EDT | Actualizado 6 Jun 2022 – 01:17 AM EDT
Comparte
Cargando Video...

El gobierno de México ha cometido abusos contra los migrantes que buscan pedir asilo en Estados Unidos y cruzan por su territorio, de acuerdo con el informe que Human Rights Watch (HRW) ha difundido este lunes, horas antes de que comience la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

México arrestó a 307,569 inmigrantes en 2021, la cifra más alta en su historia. De ellos, 130,863 pidieron estatus de refugiado en México en ese año, el tercer número más alto en el mundo de acuerdo con ACNUR, la oficina de las Naciones Unidas para los refugiados. En comparación, hace 10 años, solo unos miles de personas pedían ese estatus en México por año.

Casi la mitad de las personas que han pedido estatus de refugiado en México son haitianos, apunta el informe, y el 70% de las peticiones se han registrado en Tapachula, Chiapas, uno de los principales puntos de entrada en la frontera sur mexicana, que ha sido también uno de los destinos fundamentales de la militarización de las funciones migratorias bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El aumento del número de refugiados en México ha traído abusos a las personas que buscan llegar a Estados Unidos y la decisión del gobierno estadounidense de encomendar al gobierno mexicano con esta función ha empeorado la situación, señala el informe de HRW.

“La externalización de la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos a México ha dado lugar a graves abusos y ha obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones espantosas para buscar protección”, explicó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de HRW. “La Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los presidentes [Joe] Biden y [Andrés Manuel] López Obrador pongan fin a los enfoques de aplicación de mano dura y reorienten la política migratoria regional en torno a la protección y los derechos humanos”.

El informe dedica duras palabras al actual gobierno estadounidense y al mexicano. “La Administración del presidente Joe Biden ha continuado con muchas de las políticas abusivas contra inmigrantes del expresidente Donald Trump, como presionar a México para que impida que los migrantes lleguen a Estados Unidos y bloquear el asilo en la frontera sur con políticas como el Título 42 y Remain in Mexico. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado casi 30,000 soldados junto con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para detener a los indocumentados en todo México”.

La situación ha obligado a ciudades mexicanas a enfrentar un escenario inédito. En 2021, cerca de 90,000 personas pidieron estatus de refugiados en Tapachula, cerca de un cuarto del total de la población de la ciudad (unos 353,000 habitantes).

Autoridades mexicanas rebasadas frente a la inmigración

El resultado es un panorama rebasado, puesto que los programas de ACNUR y del propio gobierno mexicano no consiguen darse abasto por la demanda. Entre las decenas de testimonios que incluye el reporte, hay varias denuncias sobre la lentitud del proceso así como de discriminación y abusos en México.

El problema crece puesto que el presupuesto que dedica el gobierno mexicano ha sido reducido debido a los programas de austeridad impulsados por el presidente López Obrador. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 130,000 peticiones de asilo en 2021 pero solo pudo procesar 38,000, y muchos de los costos por operaciones básicas son pagados por ACNUR, de acuerdo con el informe. Mientras que la agencia de Naciones Unidas contribuyó con $4.5 millones, el gobierno federal mexicano puso $2 millones.

Gobierno mexicano: contradicciones entre las palabras y los hechos

Entre los abusos documentados hay actos violentos e incluso muertes. La Guardia Nacional mexicana abrió fuego contra un camión que transportaba migrantes el pasado octubre, y mató a dos personas. Los sobrevivientes acusaron a las autoridades mexicanas de intentar plantar un arma entre las víctimas para justificar el ataque, de acuerdo con reportes periodísticos citados por el informe.

No es la primera vez que ocurre algo similar: en marzo de 2021, soldados mataron a un guatemalteco que no se detuvo en un punto de revisión y, en septiembre, agentes migratorios fueron grabados pateando y golpeando a familias que participaban en la caravana migrante.

Soldados y oficiales de inmigración realizan el “control y verificación” de las operaciones en los 499 sitios donde opera el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM), y llevan a cabo redadas en autobuses, aviones, hoteles e incluso parques, aun cuando la Suprema Corte mexicana falló el pasado 26 de mayo que tales prácticas están en contra de la Constitución del país.

La práctica contradice los dichos del mandatario mexicano sobre su trato a los migrantes, apunta el texto. “El presidente López Obrador presenta a México frecuentemente como un país que recibe a migrantes y a las personas que piden asilo”, señaló Mattiace. “Si eso es cierto, debería demostrarlo asegurándose de que las personas que piden asilo en el sur de México reciban una bienvenida con un trato humano”.

Loading
Cargando galería
Comparte