Texas debate propuesta que busca castigar a quienes envíen pastillas abortivas al estado
El Senado de Texas debate este lunes la propuesta conocida como Ley de Protección de la Mujer y el Niño que permitiría demandas civiles contra quienes fabriquen, envíen o distribuyan pastillas abortivas en el estado.
Este proyecto, promovido por legisladores republicanos, busca reforzar la prohibición del aborto en Texas, especialmente ante el aumento del uso de medicamentos para interrumpir embarazos que son enviados por correo.
Anteriormente, esta iniciativa había quedado estancada en la Cámara de Representantes, pero ha sido reintroducida en esta sesión con modificaciones para fortalecer su alcance.
El proyecto de ley establece que cualquier persona en Texas podría presentar una demanda civil contra quienes participen en el envío o distribución de medicamentos abortivos como mifepristona y misoprostol, incluso si estos provienen de otros estados o países.
Además, permitiría demandas por muerte por negligencia si el uso de las pastillas resulta en daño o muerte del feto o de la madre, con un límite de hasta seis años para presentar dichas demandas. Sin embargo, el texto salvaguarda a las mujeres que tomen estos medicamentos, ya que no serán objeto de sanciones ni demandas.
Antecedentes del proyecto de ley conocido como Ley de Protección de la Mujer y el Niño
El proyecto, conocido formalmente como SB 2880 fue aprobado en el Senado de Texas en la sesión legislativa regular, pero se estancó en la Cámara Baja debido a la falta de consenso y oposición en ese órgano.
Ahora, durante esta sesión especial convocada por el gobernador Greg Abbott, el tema vuelve a la agenda como una prioridad para frenar el acceso a medicamentos abortivos y contrarrestar leyes de otros estados que protegen a médicos y grupos que proporcionan estas pastillas vía telemedicina.
Detalles del proyecto de ley y su alcance
El proyecto de ley busca utilizar demandas civiles para combatir la distribución ilegal de pastillas abortivas, evitando la vía penal tradicional. Esto significa que cualquier ciudadano texano podría demandar a aquellos que fabriquen, envíen, entreguen, receten o de alguna forma distribuyan estos medicamentos en violación de las leyes estatales.
También se incluye la posibilidad de demandas por daños derivados del uso del medicamento, tanto para la madre como para el feto, en un plazo de hasta seis años desde el hecho.
De acuerdo con la organización Texas Policy Research, esta legislación se fundamenta en un modelo similar al de la ley del "latido del corazón" (Heartbeat Act) de Texas, que desde 2021 permite demandas privadas contra quienes realizan abortos, logrando así evitar la intervención directa del estado.
Que incluye la versión actual del proyecto de ley
El proyecto SB 2880, de acuerdo con CBS News, enfrentó fuertes desafíos en la Cámara de Representantes durante la sesión legislativa ordinaria debido a su controversia y los posibles conflictos legales que plantea, principalmente en relación con la jurisdicción de tribunales estatales y federales. La ley establece que no puede ser impugnada ante tribunales estatales y que un juez que la haga podría ser demandado personalmente hasta por 100,000 dólares.
En su primera presentación, el proyecto no logró superar las fechas límite para ser votado en la Cámara, a pesar de contar con amplio respaldo en el Senado y en sectores pro vida. Sin embargo, la presión de grupos conservadores y la decisión del gobernador Abbott de incluir el tema en la agenda de la sesión especial ha impulsado su reactivación, esta vez con modificaciones que aclaran y ajustan aspectos del proyecto para aumentar su efectividad y reducir posibles abusos legales.
El nuevo proyecto busca ampliar ese enfoque para abarcar el uso de medicamentos abortivos por correo y proteger más rigurosamente a los no nacidos, mientras que exime a las mujeres que toman la pastilla de toda responsabilidad legal. También contempla que los juicios relacionados con este tema se manejen exclusivamente en la Corte de Apelaciones en Austin para evitar litigios dispersos.
Asimismo, incluye salvaguardas para proteger a profesionales médicos y farmacias que usen estos medicamentos con fines legítimos, como tratamientos de embarazos ectópicos o para abortos espontáneos, evitando así demandas erróneas. De igual manera establece excepciones para servicios de transporte y mensajería que no tengan conocimiento ni participen en la ilegalidad, y fortalece las protecciones de la Primera Enmienda para que no se criminalice la libre expresión ni la defensa pública relacionada con el aborto.
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