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Criminalidad y Justicia

Jueza envía a prisión a ocho miembros del destituido gobierno independentista catalán

Una veintena de miembros del depuesto gobierno estaban citados a comparecer por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre. Mientras tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro de sus consejeros siguen en Bruselas.
2 Nov 2017 – 08:12 AM EDT
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El cesado presidente de la región, Carles Puigdemont, se marchó el sábado a Bruselas y no compareció. Crédito: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Ocho miembros del destituido gobierno independentista catalán, acusados de sedición y rebelión, fueron enviados a la cárcel por una jueza tras comparecer ante el tribunal en Madrid para hacer frente a los cargos.

A esta convocatoria no respondieron el presidente depuesto Carles Puigdemont y otros cuatro de sus consejeros que el fin de semana se marcharon a Bélgica, desde donde planea gestionar su defensa sin volver a España.


Los fiscales habían solicitado prisión para ocho de los nueve exfuncionarios que se presentaron en la corte y pidieron a la Unión Europea el arresto de los otros cinco que permanecen en Bélgica.

Puigdemont viajó a la capital de las instituciones europeas como ciudadano de la Unión Europea (UE) y está por ver si España solicita una orden de detención internacional ( eurorden).

Las voces críticas con la decisión acusan a la justicia de actuar sin la suficiente independencia y de forma coordinada con las voluntades políticas del gobierno español. Se quejan de la falta de tiempo para que los independentistas prepararan su defensa ante la juez y alegan que las acusaciones de rebelión no están justificadas porque la declaración de la independencia no resultó ser violenta.

En total, 20 miembros del gobierno depuesto o exdiputados estaban citados a comparecer por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento regional.

La fiscalía hizo una excepción y solició prisión eludible con fianza de 58,000 dólares (50,000 euros) para otro exconsejero, Santi Vila, que dimitió el 26 de octubre, la víspera de que el Parlamento catalán votase una declaración unilateral de independencia.

Por otra parte, el Tribunal Supremo español aplazó una semana, hasta el 9 de noviembre, la declaración de seis exdiputados catalanes por los mismos cargos, entre ellos, la presidenta del parlamento regional Carme Forcadell.

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